Los ascensos por «acción distinguida» benefician a oficiales con actuaciones de hasta 30 años atrás.
El día de ayer, 20 de diciembre de 2024, fueron ascendidos al rango de coronel cuatro oficiales por sus actuaciones destacadas en eventos ocurridos hace 15, 16, 19 y hasta 30 años, lo que ha desatado un aluvión de cuestionamientos sobre la legalidad y transparencia de dichos ascensos, en especial por el hecho de que, según la normativa vigente, toda acción administrativa debería caducar a los 10 años.
Uno de los casos más comentados es el del comandante Ocampo Aguirre, quien fue ascendido por su implicancia en el desalojo del Baguazo en 2009, un suceso ocurrido hace 15 años. A pesar de que la legislación establece un límite temporal para el reconocimiento por «acción distinguida», estos ascensos han continuado, lo que ha generado incomodidad en diversos sectores, quienes piden que se recurra a instancias judiciales para esclarecer las circunstancias que permitieron su prosperidad.
Por otro lado, la decisión de promover al comandante Lito Arroyo, jefe de la unidad contrainteligencia de la DIGIMIN, ha sumado más leña al fuego. Arroyo fue promovido a coronel por su gestión dentro de la PNP, pese a que el personal bajo su mando está vinculado a un caso de reglaje que afectó al excomandante general de la PNP, PNP Angulo Tejada, en febrero de 2024. Este caso ha levantado serias dudas sobre el uso de prácticas poco claras dentro de la institución.
Sin embargo, los coroneles Colchado y Lozano pasaron al retiro después de décadas de servicio, debido a que no había vacantes o cargos disponibles para ellos dentro de la institución. La falta de oportunidades para estos oficiales contrasta con el ascenso de otros que, según algunos críticos, no cumplen con los estándares establecidos por la ley.
El ascenso por «acción distinguida» se ha convertido en un tema de debate político y social. Mientras algunos consideran que se trata de un reconocimiento justo a la dedicación y valentía de ciertos oficiales, otros lo ven como una maniobra política para garantizar lealtades dentro de la institución. Los detractores afirman que los ascensos no solo contravienen el marco legal, sino que también socavan la confianza de la ciudadanía en las instituciones de seguridad pública.
Este escándalo ha generado un llamado urgente a la transparencia y la rendición de cuentas, tanto por parte del Ministerio del Interior como de la Policía Nacional. Diversos sectores instan a que se investiguen las decisiones tomadas por el ministro Santivañez y que se actúe en consecuencia, para garantizar que las promociones dentro de la institución se basen en méritos legítimos y no en intereses personales o políticos.
El futuro de estos ascensos sigue siendo incierto, y la sociedad espera una respuesta clara sobre este tema, que podría marcar un hito en la historia reciente de la Policía Nacional del Perú.
