El reciente plan del ministro del Interior, Juan José Santivañez, y de la presidenta Dina Boluarte de retirar al coronel de la Policía Nacional del Perú, Harvey Colchado, genera serias inquietudes sobre la imparcialidad y el respeto hacia la labor policial en el país.

En el año 2023, Colchado partió hacia la desdicha por haber dirigido la operación que allanó la casa de la presidenta en el marco de las investigaciones por el caso Rolex, una de las situaciones más mediáticas que involucra a la alta cúpula política del país. Y desde la fecha, hasta la actualidad continúo cumpliendo lo que se pidió. No brindó ninguna declaración a la prensa, pese a la arbitrariedad de los procesos que se le abrió en su contra. La mordaza por parte de su comandancia, develó aún el respeto hacia ellos. La hostil mordaza hoy nos hace pensar en lo que siente, y lo que nos dirá cuando se la quiten.

El régimen militar que le obliga a pedir permiso para hablar se acabará en las próximas horas. En su hora final, Colchado podrá contarnos lo que sabe, lo que se guardó y lo que debe decir por su derecho a réplica después de la lapidación pública que los sectores políticos le dieron. Es también, derecho de la población saber qué dice la otra parte.

La suerte está echada para el coronel Colchado. Los pocos días que le quedan de ser parte de una institución que eligió por vocación, parecen no haber valido nada. Es evidente la represalia por sus acciones en la investigación, sino también una clara señal de que el gobierno está dispuesto a sacrificar a oficiales que cumplen con su deber, incluso cuando esto implique un costo político.

¿Es un blanco fácil para aquellos que se sienten amenazados por sus investigaciones? Nada es coincidencia, y su salida de la Policía en un proceso de renovación de cuadros puede interpretarse como un intento por parte del gobierno de neutralizar a figuras incómodas que no se alinean con sus intereses.

Este tipo de decisiones, tomadas por un ministro del Interior con un 80% de desaprobación y una presidenta con un 91% de rechazo, solo refuerzan la percepción de que el poder está utilizando la fuerza policial para resolver problemas internos o encubrir posibles irregularidades.

Además, resulta alarmante que el gobierno de Boluarte y Santivañez parezca más preocupado por la imagen política que por fortalecer las instituciones encargadas de la seguridad y el orden público. El retiro de un oficial de la talla del coronel Colchado podría desmotivar a otros miembros de la Policía Nacional que, como él, tienen la valentía de investigar y actuar sin temor a las presiones políticas.

Es fundamental que el gobierno peruano entienda que la institucionalidad y la confianza en las fuerzas del orden no deben estar sujetas a consideraciones políticas, y que el trabajo de los policías, especialmente de aquellos que actúan con profesionalismo y transparencia, debe ser respetado y respaldado, no castigado por cumplir con su deber. El caso del coronel Colchado es una muestra más de cómo la política y la justicia pueden verse distorsionadas cuando se anteponen los intereses de unos pocos a la honestidad y el compromiso con el país. Y al final, del derecho a las personas de tener buenos policías.