El actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez Antúnez, se encuentra nuevamente en el centro de la polémica. Según la declaración de un testigo protegido, cuando ocupaba el cargo de ministro del Interior habría exigido y recibido 20 mil dólares para evitar el pase al retiro del general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Gregorio Martín Villalón Trillo.
De acuerdo con la versión del testigo protegido con clave 3-2025, los hechos se remontan a diciembre de 2024, cuando se habría producido una reunión clave en la que participaron el coronel PNP (r) Percy Tenorio y Marco Palacios, exsocio y cliente de Santiváñez.
En esa cita, Palacios habría puesto en altavoz una llamada del entonces ministro del Interior. Según el relato, Santiváñez preguntó cómo se resolvería “el tema de la permanencia de los generales”, sugiriendo elegir entre los oficiales David Pablo Villanueva Yana y Gregorio Martín Villalón Trillo.
La respuesta de Percy Tenorio fue mantener en el cargo a Villalón Trillo, argumentando que era de su misma promoción y que podría ser útil a la presunta red criminal que buscaba respaldo dentro de la institución policial. En cambio, Villanueva Yana debía pasar al retiro, ya que enfrentaba una medida de impedimento de salida del país por su presunta implicancia en las muertes durante las protestas sociales.
El presunto pago de 20 mil dólares
El testigo protegido aseguró que, tras aceptar la propuesta, Santiváñez fijó una condición económica: el general beneficiado debía entregar 20 mil dólares en efectivo. Dicho monto habría sido entregado en diciembre de 2024 directamente al ministro.
“El pago fue entregado a Santiváñez, mientras que Percy Tenorio intercedía a favor de Villalón Trillo, debido a que le servía para otros favores dentro de la institución”, relató el colaborador protegido en su declaración fiscal.
Por este hecho, la Fiscalía atribuye a Tenorio y Palacios el presunto delito de cohecho pasivo propio, mientras que la situación de Santiváñez es más compleja debido a su actual condición de ministro, lo que le otorga fuero especial.
Documentos que respaldarían la acusación
La Fiscalía sostiene que el presunto acuerdo ilícito sí se concretó, y como prueba presentó dos resoluciones supremas firmadas por Santiváñez:
Resolución Suprema 220-2024-IN, que dispuso el pase al retiro del general David Pablo Villanueva Yana por la causal de renovación de cuadros.
Resolución Suprema 225-2024-IN, que mantuvo en actividad al general Gregorio Villalón Trillo, asignándolo para 2025 a la Secretaría Ejecutiva (SECEJE) de la Dirección de Recursos Humanos de la PNP.
Estos documentos demostrarían que la permanencia de Villalón Trillo en la institución se concretó tras el supuesto pago.
Investigación en manos de la Fiscalía de la Nación
Por la condición de aforado de Santiváñez, cualquier investigación preliminar en su contra debe ser abierta directamente por la Fiscalía de la Nación. Hasta el momento, no existe imputación formal, pero los hechos ya generan presión política y nuevas críticas a su permanencia en el Ministerio de Justicia.
El caso no solo cuestiona la idoneidad del ministro, sino que también reaviva el debate sobre la influencia de presuntas redes de corrupción en los ascensos y retiros dentro de la Policía Nacional del Perú.
Con este nuevo escándalo, el ministro Santiváñez enfrenta una de las crisis más serias de su carrera política, que podría derivar en consecuencias legales y políticas en los próximos meses.
