La Junta de Fiscales Supremos eligió a Tomás Aladino Gálvez como nuevo fiscal de la Nación para el periodo 2026-2029, con posibilidad de extender su mandato por dos años adicionales. La decisión se adoptó por mayoría, con tres votos a favor y dos en contra, en una jornada clave para el futuro del Ministerio Público.
Según fuentes cercanas al proceso, los votos en minoría se inclinaron por Juan Carlos Villena, uno de los otros candidatos que aspiraban a liderar la institución.
Elección tras crisis institucional
La designación de Gálvez se produce en un contexto de crisis institucional en el sistema de justicia peruano. El ahora fiscal de la Nación se desempeñaba como titular interino del Ministerio Público desde septiembre de 2025, tras la salida de Delia Espinoza, quien fue destituida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
La remoción de Espinoza fue ratificada el pasado 16 de marzo, allanando el camino para la elección de un nuevo titular permanente. Además, desde el ámbito político, el Congreso dispuso su inhabilitación por 10 años, lo que profundizó la controversia en torno al liderazgo de la Fiscalía.
El proceso de elección no estuvo exento de tensiones. Cuatro de los cinco fiscales supremos manifestaron su interés en asumir el cargo: Gálvez, Patricia Benavides, Luis Arce Córdova y Villena. La única magistrada que no postuló fue Zoraida Ávalos.
La elección refleja una división interna dentro del máximo órgano del Ministerio Público, evidenciada en el resultado ajustado de la votación.
Cuestionamientos a su gestión interina de Tomás Aladino Gálvez
Durante su periodo como fiscal interino, la gestión de Gálvez ha sido objeto de fuertes críticas, principalmente por decisiones que impactaron investigaciones de alto perfil.
Entre ellas destaca la desactivación de equipos especiales como el caso Lava Jato, Equipo Especial Lava Jato, así como otras unidades enfocadas en corrupción y violaciones a derechos humanos. Estas medidas generaron preocupación en sectores que consideran clave la continuidad de dichas investigaciones.
Asimismo, Gálvez dispuso el archivo de investigaciones relevantes. En enero, archivó el caso contra Patricia Benavides y miembros de la JNJ vinculados a su intento de retorno al Ministerio Público.
Días después, también cerró la investigación preliminar contra la expresidenta Dina Boluarte por la presunta omisión de funciones durante los incendios forestales de 2024, en los que se reportaron más de 20 fallecidos. La Fiscalía concluyó que no existían elementos suficientes para imputar responsabilidad penal.
Otras decisiones polémicas
En febrero, Gálvez archivó una denuncia contra el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, relacionada con presuntas presiones en el caso de la matanza de Cayara (1988). La denuncia había sido presentada por familiares de las víctimas.
Además, la Comisión Permanente del Congreso archivó una acusación contra el propio Gálvez por presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias, al considerar que no existían pruebas suficientes.
Otro punto de controversia fue su decisión de no apelar un fallo de la Corte Suprema que rechazó declarar ilegal al partido Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori. Pese a contar con un plazo legal para hacerlo, el Ministerio Público no presentó el recurso.
Retos de la nueva gestión
Con su elección como fiscal de la Nación, Tomás Gálvez asume el reto de liderar una institución clave en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento del sistema de justicia.
Su gestión estará bajo constante escrutinio, especialmente por las decisiones adoptadas durante su interinato y por la necesidad de recuperar la confianza ciudadana en el Ministerio Público.
