La inseguridad que afecta a Lima Metropolitana y el Callao suma un nuevo capítulo de tensión. Tras el ataque armado contra un bus de transporte público ocurrido el domingo 16 de noviembre en San Martín de Porres, los gremios de transportistas formales anunciaron que convocarán un paro de 48 horas si se registra otro atentado contra sus unidades o trabajadores. La advertencia llega en medio del estado de emergencia decretado para frenar la delincuencia, y refleja el creciente hartazgo de un sector que se siente desprotegido pese a la presencia policial y militar en las calles.
El anuncio fue realizado por Martín Ojeda, vocero de los gremios que participaron en el paro del pasado 4 de noviembre. Según los transportistas, el atentado contra una unidad de la empresa San Germán demuestra que la criminalidad continúa avanzando a pesar de las medidas de excepción. “Queda demostrado que no baja el índice de criminalidad y esto pone en peligro a nuestras empresas y a nuestros usuarios. Si se registra un nuevo acto criminal en los próximos días, horas o semanas, realizaremos un paro de 48 horas”, declaró Ojeda a RPP.
Un sector al límite: transportistas exigen respuestas inmediatas
La amenaza de paralización no quedó solo en declaraciones. Los gremios difundieron un comunicado oficial donde exigen una intervención más firme del Estado. En él, solicitan la participación activa de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas, así como la creación de bases militares móviles en zonas críticas donde operan mafias dedicadas a la extorsión y al cobro de cupos.
“Los transportistas no nos someteremos al terror ni a la inacción del Estado”, se lee en el documento difundido por Infobae Perú. El pronunciamiento también exhorta al presidente José Jerí a actuar “sin piedad contra el crimen organizado”, recalcando la urgencia de un control territorial integral que reduzca la exposición de choferes, cobradores y pasajeros.
Los gremios coinciden en que el estado de emergencia no está dando los resultados esperados. Aunque restringe libertades como la libre circulación nocturna y permite intervenciones sin orden judicial en ciertos casos, las cifras de violencia siguen siendo alarmantes.
El atentado en San Martín de Porres: un ataque directo y grabado por los agresores
El episodio que ha provocado esta reacción fue particularmente violento. De acuerdo con reportes policiales, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron un bus de la empresa San Germán en el cruce de la avenida Germán Aguirre con la calle Las Magnolias. A plena luz del día, con pasajeros a bordo, los criminales dispararon indiscriminadamente contra la cabina del conductor, dejando al menos doce impactos de bala en la unidad.
El conductor sobrevivió de milagro al tirarse al piso para evitar los disparos. Las imágenes del ataque, grabadas y difundidas por los propios agresores, evidencian una modalidad extorsiva que se vuelve cada vez más común: disparos como advertencia para obligar al pago de cupos.
Vecinos que escucharon las detonaciones describieron escenas de pánico. El bus continuó avanzando sin control hasta detenerse cerca de un rompemuelle. La vulnerabilidad de los pasajeros y la precisión del ataque generaron una ola de preocupación entre transportistas y ciudadanos.
Estado de emergencia: cifras que agravan la preocupación
El atentado ocurre en un contexto en el que Lima y Callao se encuentran bajo estado de emergencia desde el 22 de octubre, medida instaurada para recuperar el control frente a organizaciones criminales dedicadas a la extorsión, sicariato y tráfico de drogas. No obstante, las cifras posteriores muestran una realidad perturbadora:
- 24 homicidios en Lima
- 5 homicidios en Callao
- 7 muertes violentas adicionales vinculadas al uso de armas de fuego
Estos datos revelan que, lejos de disminuir, la violencia se mantiene en niveles críticos. Para los transportistas, esto es prueba de que el despliegue militar y policial todavía no logra frenar las actividades del crimen organizado.
Un sector clave para la ciudad en una situación crítica
Los transportistas urbanos consideran que el Gobierno ha actuado tarde y de manera insuficiente. Señalan que tanto las unidades como el personal de transporte se han convertido en blanco de extorsionadores, quienes exigen pagos semanales bajo amenaza de ataques armados.
El transporte formal, responsable de movilizar diariamente a millones de ciudadanos, ya ha enfrentado anteriormente paralizaciones motivadas por la inseguridad. Sin embargo, este nuevo paro de 48 horas sería una de las medidas más drásticas adoptadas en los últimos años, con impactos directos en la movilidad urbana, actividad económica y desplazamiento laboral.
