La inseguridad en el transporte urbano de Lima llegó a un punto crítico tras el ataque armado contra un conductor de la línea 57 de la empresa Huáscar, que fue baleado el 23 de septiembre mientras realizaba su labor. Como respuesta, un contingente de chóferes y representantes de diversas rutas de la misma compañía inició una marcha pacífica hacia el Congreso de la República, exigiendo garantías para ejercer su trabajo y medidas concretas contra las mafias de extorsionadores.
La marcha de los transportistas: “Queremos trabajar dignamente”
Desde primeras horas de la mañana del 24 de septiembre, los transportistas se movilizaron por la avenida 9 de octubre rumbo al centro de Lima. En la protesta participaron representantes de al menos tres rutas administradas por la empresa Huáscar, quienes denunciaron la creciente ola de ataques armados y amenazas contra sus unidades.
“La Constitución nos ampara, tenemos derecho a trabajar dignamente”, manifestó uno de los chóferes durante la marcha. El grupo aseguró que viven en un clima de temor permanente, pues cada jornada puede significar enfrentarse a un atentado o incluso perder la vida.
La manifestación fue acompañada por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), que colocaron un cerco de seguridad a lo largo de la vía para controlar el tránsito y prevenir enfrentamientos. Hasta el momento, la marcha se mantiene pacífica.
Más transportistas se suman a la protesta
Los dirigentes de la movilización anunciaron que en las próximas horas se unirán chóferes de la línea 23, con el objetivo de incrementar la presión frente a las autoridades legislativas. El recorrido contempla avanzar por la avenida Abancay hasta llegar al Congreso, donde los transportistas esperan ser escuchados.
“El objetivo es claro: visibilizar la problemática de la inseguridad en el transporte urbano y exigir respuestas inmediatas del Parlamento. Estamos cansados de ver compañeros heridos y muertos por la violencia de los extorsionadores”, señaló un representante del gremio.
Una cadena de atentados contra buses en Lima
El ataque a la línea 57 no es un hecho aislado. La madrugada del 24 de septiembre, delincuentes dispararon en tres oportunidades contra un bus de la empresa 41 S.A., estacionado en el distrito de Villa El Salvador. Tras la balacera, dejaron una carta extorsiva en el parabrisas, en la que exigían el pago de un cupo bajo amenaza, junto a un número telefónico con extensión extranjera.
Las cámaras de seguridad de la zona registraron la llegada de una camioneta blanca desde la que se perpetró el ataque. Afortunadamente, en el momento del atentado no había pasajeros ni personal en la unidad.
La noticia provocó que los conductores de la empresa decidieran suspender el servicio de manera inmediata, dejando estacionados los buses y negándose a salir a trabajar por temor a nuevos atentados. Esta paralización afectó a miles de usuarios que dependen de la ruta desde Villa El Salvador hasta Pachacútec.
Un día antes, el 23 de septiembre, un bus de la empresa VIPUSA también fue baleado en la misma zona. En este caso, el ataque dejó gravemente herido a un conductor, lo que incrementó el malestar y la sensación de indefensión entre los transportistas.
La exigencia: mayor seguridad frente a la extorsión
Los gremios de transportistas denuncian que la inseguridad se ha convertido en una emergencia nacional, donde las mafias extorsivas operan con armas de fuego y conexiones internacionales, utilizando incluso números extranjeros para sus amenazas.
Frente a esta situación, diversas asociaciones de choferes y empresarios del transporte han anunciado nuevas movilizaciones y paralizaciones en los próximos días, con el fin de exigir una respuesta contundente del Estado.
Por su parte, la Policía Nacional del Perú ha confirmado que investiga la posible conexión internacional de las bandas de extorsionadores, dado que el número telefónico hallado en la carta extorsiva tiene origen en el extranjero.
La violencia contra el transporte público no solo afecta a los chóferes, sino también a los miles de pasajeros que dependen de estas rutas para trasladarse diariamente. La suspensión de servicios como el de la empresa 41 S.A. ha generado caos en la movilidad urbana, dejando a miles de usuarios varados y obligándolos a buscar medios alternativos más costosos e inseguros.
La ciudadanía exige, al igual que los transportistas, que se tomen acciones inmediatas para frenar los atentados y que el Estado garantice la seguridad de quienes trabajan y viajan en el transporte público.
La protesta de los chóferes de la línea 57 marca el inicio de lo que podría convertirse en una ola de manifestaciones del sector transporte en Lima y otras regiones del país. Mientras tanto, la marcha continúa bajo supervisión policial y el tránsito en las principales avenidas del centro de Lima se mantiene restringido por la movilización.
