Las autoridades de Estados Unidos incautaron un avión utilizado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que se encontraba en República Dominicana, y lo trasladaron al sur de Florida. Según el Departamento de Justicia, la confiscación se realizó debido a violaciones de las leyes estadounidenses de control de exportaciones y sanciones.
El fiscal general Merrick B. Garland detalló que el avión, un Dassault Falcon 900EX valorado en 13 millones de dólares, fue adquirido ilegalmente a través de una empresa fantasma y sacado de contrabando de Estados Unidos para el uso de Maduro y sus aliados. Garland subrayó que continuarán las investigaciones para evitar que recursos estadounidenses sean utilizados para socavar la seguridad nacional del país.
La incautación del avión ocurre poco más de un mes después de las controvertidas elecciones del 28 de julio en Venezuela, en las que Maduro fue proclamado ganador, pese a las denuncias de fraude y sin mostrar las actas de votación. El gobierno de Joe Biden no reconoce el triunfo de Maduro, respaldando la publicación del 81,7% de las actas por parte de la oposición, que avalan la victoria del candidato opositor, Edmundo González, y de la dirigente María Corina Machado.
El comunicado del Departamento de Justicia reveló que, a finales de 2022 y principios de 2023, personas cercanas a Maduro habrían utilizado una empresa fantasma con sede en el Caribe para ocultar su participación en la compra ilegal del avión a una empresa en Florida. En abril de 2023, el avión fue exportado ilegalmente desde Estados Unidos a Venezuela a través del Caribe, llegando a Caracas después de hacer escala en Kingston, San Vicente y las Granadinas, según datos de Flightradar24.
El avión, identificado con el código de cola T7-ESPRT, ha volado casi exclusivamente hacia y desde una base militar en Venezuela desde mayo de 2023, siendo utilizado en beneficio de Maduro y sus representantes.
El Departamento de Comercio de EE.UU. subrayó la importancia de la incautación, enviando un mensaje claro sobre las consecuencias de violar las sanciones estadounidenses. El fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Markenzy Lapointe, agradeció la colaboración del gobierno de República Dominicana en esta operación, país con el cual Maduro rompió relaciones tras no reconocer su proclamación como ganador en las elecciones.
