Graves denuncias han salido a la luz contra el actual comandante general de la Policía Nacional del Perú, Víctor Zanabria, quien estaría implicado en una red de corrupción relacionada con la minería ilegal en el sur del país. De acuerdo con un reportaje del programa Panorama y documentos fiscales obtenidos por la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de Arequipa, Zanabria habría recibido pagos en oro y efectivo a cambio de brindar protección a mineros formales e informales durante su gestión como jefe policial en 2020.
Las acusaciones surgen en medio de una creciente ola de violencia por el control de zonas auríferas en la región. Testimonios de colaboradores eficaces afirman que el general habría facilitado las operaciones de ambas facciones enfrentadas por el oro, convirtiendo a la Policía Nacional en un brazo operativo de las mafias mineras.
Según la Fiscalía, Zanabria permitía la presencia de efectivos policiales en campamentos mineros, quienes operaban como agentes de seguridad privada bajo la apariencia de estar cumpliendo funciones oficiales. “La mina estaba rodeada de puros policías”, señala uno de los testimonios recogidos. “El general los enviaba desde sus puestos en Arequipa, pero en realidad prestaban servicio en la mina”. A cambio, los agentes recibían pagos diarios de hasta S/ 250, mientras que los mandos superiores, incluido Zanabria, obtenían beneficios mayores, incluso en lingotes de oro.
Una de las declaraciones más comprometedoras proviene de un colaborador eficaz que afirmó: “El general Zanabria arreglaba con todos, con ambos mandos. Por eso, antes de que nos vengan a detener, nos avisaban. Sabíamos cuándo subía la PNP y todos fugábamos”. Esta coordinación habría garantizado la impunidad de mineros ilegales, alimentando el conflicto armado en zonas como Caravelí y Chala.
La Fiscalía también investiga la existencia de falsos enfrentamientos armados registrados en comisarías como parte de una estrategia para prolongar estados de emergencia. Estas medidas excepcionales, que otorgaban amplias facultades a la PNP, habrían sido utilizadas para afianzar el control informal de las concesiones mineras, afectando directamente a comunidades locales y pequeños mineros artesanales.
Zanabria, actualmente en el cargo más alto de la Policía Nacional, ha negado categóricamente las acusaciones. Sin embargo, el avance de las investigaciones fiscales y la acumulación de testimonios lo colocan en el centro de un presunto entramado criminal que involucra extorsión, encubrimiento de delitos y uso indebido de recursos públicos.
Esta situación ha generado preocupación entre diversas organizaciones de derechos humanos y líderes regionales, quienes exigen una investigación exhaustiva y la suspensión temporal de Zanabria mientras duren las pesquisas. “No se puede tolerar que la institución policial esté al servicio de mafias que lucran con el oro a costa de vidas humanas y del medio ambiente”, señalaron voceros de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
De comprobarse las acusaciones, el caso Zanabria podría convertirse en uno de los mayores escándalos de corrupción policial vinculados a la minería ilegal en la historia reciente del Perú. La Fiscalía continúa recabando pruebas y se espera que en las próximas semanas se tomen medidas judiciales contra los implicados.
