El ministro del Interior, Carlos Malaver, volvió a pronunciarse sobre la situación del prófugo Vladimir Cerrón Rojas, líder de Perú Libre, quien permanece en la clandestinidad desde octubre de 2023. En declaraciones a RPP, deslizó la hipótesis de que Cerrón estaría recibiendo apoyo de “inteligencias extranjeras”, lo que explicaría su capacidad para evadir la justicia durante casi un año.

“Es muy probable, está dentro de las hipótesis que tenemos y que se manejan”, afirmó Malaver, al ser consultado sobre las razones de la demora en la captura del exgobernador de Junín.

Respaldo externo y contactos internacionales

De acuerdo con el ministro, este eventual apoyo internacional le otorgaría al dirigente recursos económicos y capacidad de desplazamiento al interior del país, lo que complica la labor de los equipos de inteligencia encargados de ubicarlo.

Malaver recordó que Cerrón realizó parte de su formación académica en el extranjero, lo que podría haberle permitido establecer contactos fuera del país que hoy facilitarían su protección. “Hay que tener en cuenta dónde desarrolló su educación también. No fue en nuestro país y por eso es que deslizo esa hipótesis”, señaló.

Un caso más complejo que otros prófugos

El titular del Interior sostuvo que el caso de Cerrón reviste mayor complejidad que el de otros prófugos de la justicia debido a las conexiones que se investigan. Sin embargo, defendió la labor de su sector y subrayó que los esfuerzos no se centran únicamente en este caso.

“El tema de plazos es un tema que no podría yo indicar. Soy un efectivo policial que me baso en evidencias. Somos objetivos en este aspecto y mi permanencia en el cargo corresponde a la confianza que me pueda dar la señora presidente de la República”, declaró Malaver, evitando fijar un límite de tiempo para concretar la captura.

En esa línea, insistió en que su gestión apunta a reformas profundas en la seguridad interna. Según dijo, el sistema “está bastante fallido y tiene muchos problemas”, por lo que es necesario revisarlo de manera integral para desarticular no solo a los operadores menores del crimen organizado, sino también a sus líderes.

Sospechas de protección política

No es la primera vez que el ministro desliza la posibilidad de que Cerrón cuente con respaldo. En una entrevista previa, Malaver advirtió que el líder de Perú Libre podría recibir protección de ciertos operadores de justicia e, incluso, de malos elementos dentro de la propia Policía Nacional.

“He reconocido en el sector y en la Policía que existen malos elementos. Me agradaría que así lo reconozcan también representantes del Ministerio Público, el Poder Judicial y el INPE”, declaró, sugiriendo que la corrupción en diferentes instituciones podría estar contribuyendo a la impunidad del exgobernador.

Las sospechas, sin embargo, no se limitan al sistema de justicia. Diversas voces opositoras también han señalado a la presidenta Dina Boluarte y a algunos congresistas como parte de un eventual blindaje político.

El caso Cofre y la sombra del poder

Uno de los episodios que reforzó las dudas fue el denominado caso Cofre, destapado tras la difusión de audios atribuidos al entonces ministro del Interior, Juan José Santiváñez. Según la investigación, Cerrón habría logrado escapar de un operativo policial a bordo de un vehículo presidencial, lo que evidenciaría la existencia de una red de protección en altos niveles del poder.

Estos hechos han alimentado la percepción de que el líder de Perú Libre no solo se beneficia de complicidades locales, sino que también podría tener vínculos internacionales que garantizan su clandestinidad.

Un desafío para el Estado peruano

La situación de Vladimir Cerrón representa un desafío político y judicial para el Estado peruano. Mientras el Ministerio del Interior sostiene que continúa la búsqueda con todos los recursos disponibles, la prolongada ausencia de resultados ha incrementado la presión sobre el gobierno y las dudas sobre la efectividad de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.

El caso no solo pone en entredicho la capacidad del Estado para capturar a personajes con influencia política, sino que también refleja las limitaciones de un sistema de seguridad e inteligencia que, según el propio ministro Malaver, necesita una revisión integral y profunda para recuperar la confianza ciudadana.