La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad confirmó por unanimidad la sentencia absolutoria dictada contra el empresario y exdirigente deportivo Edwin Oviedo, emitida por el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Transitorio de Trujillo el pasado 22 de agosto de 2024.

Oviedo, junto a otros procesados, fue declarado inocente en dos instancias por los homicidios de Manuel Rimarachín Cascos y Percy Waldemar Farro Witte. Durante la audiencia, el colegiado determinó que la Fiscalía no presentó pruebas suficientes que acreditaran la responsabilidad penal de los acusados. Con esta resolución, el caso queda cerrado en el ámbito judicial.

Como se recuerda, la investigación y acusación fue realizada por el exfiscal Juan Carrasco Millones.Esta fue criticada por el juzgado a cargo del juicio, así como por la sala que revisó y confirmó la sentencia absolutoria.

De esta forma, se terminó confirmando la sentencia del 22 de agosto del 2024, fecha en el que se decretó la inocencia del empresario Edwin Oviedo y de otros implicados en este caso en primera instancia.

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El abogado César Nakazaki ha confirmado que los tres jueces de la Sala de Apelaciones dictaron, por unanimidad, la inocencia de Oviedo. Según el letrado, la decisión se basó en la conclusión de que el caso en su contra se construyó a partir de un “pésimo uso de la colaboración eficaz”, sin pruebas de corroboración suficientes.

“Después de diez años de persecución penal arbitraria y más de 550 días preso, finalmente el Poder Judicial en dos instancias reconoce la inocencia por la cual él luchó desde el primer día junto a su familia”, aseguró.

Nakazaki explicó que el Poder Judicial (PJ) determinó que hubo una “actuación indebida” por parte del fiscal Carrasco. Debido a esto, se ordenó una investigación para esclarecer los motivos por los cuales se utilizó un “mecanismo arbitrario e indebido” para armar el caso en contra de Oviedo. A partir de los resultados de dicha investigación, se evaluarán las posibles acciones legales correspondientes.

“Lo primero, lograr que se ejecute la sentencia del Poder Judicial y que se inicie la investigación por parte de la Autoridad de Control del Ministerio Público. Y nosotros podemos sumar una acción de responsabilidad civil por una actuación indebida del fiscal, dependiendo de que se vaya determinando ante el órgano de control”, sostuvo.