La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, lanzó un firme pronunciamiento en defensa de la independencia judicial y del uso del control difuso por parte de los jueces, en medio de los cuestionamientos provenientes de sectores del Congreso de la República. El mensaje fue dado durante la ceremonia de apertura del Año Judicial 2026, en un contexto de creciente tensión entre los poderes del Estado por la inaplicación de determinadas leyes aprobadas por el Parlamento.

En su discurso, Tello fue enfática al señalar que el Poder Judicial no actúa en favor de intereses políticos ni responde a presiones externas. “El Poder Judicial no es apéndice de ningún poder político, económico o fáctico”, afirmó, subrayando que las decisiones judiciales se sustentan exclusivamente en la Constitución y el orden jurídico vigente.

Defensa del control difuso y rechazo a acusaciones de prevaricato

La titular del Poder Judicial descartó categóricamente que la decisión de los jueces de inaplicar determinadas normas mediante el control difuso constituya prevaricato, delito o interferencia política. Calificó esas acusaciones como carentes de “sustento jurídico e histórico”, recordando que el control difuso es una facultad y un deber que la Constitución impone a los magistrados cuando advierten una contradicción entre una ley y la Carta Magna.

“En resguardo de la independencia judicial, debo hacer frente a los injustos calificativos que desde el poder político continúan recibiendo los jueces que cumplieron con el deber constitucional de hacer control difuso”, señaló Tello, quien reafirmó que la judicatura actuará con valentía e imparcialidad ante cualquier intento de quebrantamiento del sistema judicial.

Mensaje institucional en presencia de altas autoridades

El pronunciamiento cobró especial relevancia debido a la presencia, en la ceremonia, del presidente de la República, José Jerí; del titular del Congreso, Fernando Rospigliosi; así como de los jefes del Reniec, ONPE, Tribunal Constitucional y JNE, entre otras autoridades. El escenario reforzó el carácter institucional del mensaje y la voluntad del Poder Judicial de marcar una posición clara frente a los cuestionamientos políticos.

Tello fue enfática al asegurar que los jueces no serán instrumentos de impunidad ni de persecución política, reafirmando el rol del Poder Judicial como garante de derechos fundamentales y del equilibrio democrático.

Leyes inaplicadas y casos emblemáticos

Entre las normas que han sido objeto de control difuso por parte de los jueces, la presidenta del PJ mencionó la Ley de Amnistía vinculada al caso Chumbivilcas, que otorgaba inmunidad a miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional procesados por presuntas violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1980 y 2000.

Asimismo, se refirió a la ley sobre delitos de lesa humanidad, que no fue aplicada en procesos emblemáticos como Pativilca, Madre Mía y Mariella Barreto, decisiones que han generado controversia y críticas desde el ámbito político y legislativo.

Pedido al Congreso y advertencia sobre reformas constitucionales

En otro tramo de su intervención, Janet Tello informó que solicitó formalmente al Congreso que el Poder Judicial participe en cualquier proceso de reforma constitucional que se pretenda impulsar y que afecte el sistema de justicia. Detalló que ya se han remitido opiniones técnicas y propuestas a la Comisión Especial de Alto Nivel Multipartidaria, encargada de evaluar modificaciones a artículos de la Constitución vinculados al Poder Judicial, en especial aquellos relacionados con el control difuso.

“Ninguna reforma constitucional o legal puede válidamente afectar la autonomía o independencia del Poder Judicial, ni debilitar la protección jurisdiccional de las personas”, advirtió.

Balance del 2025: sentencias y mensaje contra la impunidad

Durante su balance de gestión correspondiente al año 2025, Tello destacó la emisión de sentencias de alta complejidad y fuerte impacto. Según precisó, la Corte Suprema dictó 235 condenas de 35 años de prisión, 269 condenas de 30 años, 168 sentencias de 25 años y 508 cadenas perpetuas.

“El Poder Judicial ha dictado sentencias trascendentes que envían un mensaje claro al país: ningún cargo público, poder económico u organización criminal está por encima de la ley”, concluyó.