La elección del nuevo Fiscal de la Nación enfrenta un fuerte cuestionamiento legal y constitucional. La organización civil Fomento de la Vida (FOVIDA) solicitó formalmente a la Junta de Fiscales Supremos declarar fundado el recurso de reconsideración presentado contra la Resolución N.° 012-2026-MP-FN-JFS, que designó al actual titular del Ministerio Público, Tomás Gálvez, debido a presuntas irregularidades graves en el proceso.
El principal argumento del pedido se centra en la participación de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides Vargas, quien habría votado en la sesión decisiva pese a encontrarse suspendida en el ejercicio profesional de la abogacía por el Colegio de Abogados de Lima (CAL).
Según la documentación presentada, Benavides permanece suspendida desde el 27 de enero de 2026 por decisión del Consejo de Ética del CAL, medida que le impide ejercer legalmente la profesión por un periodo de seis meses. A pesar de ello, participó y emitió su voto en la Junta de Fiscales Supremos durante la elección del nuevo Fiscal de la Nación, lo que, según FOVIDA, afecta directamente la legalidad del proceso.
La Ley de la Carrera Fiscal, Ley N.° 30483, establece de manera expresa que todo fiscal debe encontrarse habilitado para el ejercicio profesional como requisito indispensable para permanecer en la carrera fiscal. Bajo ese criterio, la permanencia de Patricia Benavides como fiscal suprema y su intervención en la votación serían incompatibles con la normativa vigente.
El recurso de reconsideración sostiene que la resolución impugnada presenta vicios insubsanables que comprometen la validez de la designación. Entre ellos se señala la falta de competencia válida del órgano colegiado, debido a que la Junta de Fiscales Supremos habría estado integrada por una funcionaria legalmente impedida de participar.
Asimismo, se denuncia la existencia de un objeto ilícito del acto administrativo, al contravenir tanto la Constitución como la Ley de la Carrera Fiscal. También se advierte ausencia de motivación suficiente, ya que no se habría justificado formalmente la participación de Benavides en dicha sesión, además de un quiebre del procedimiento regular que afecta la legitimidad institucional de la decisión.
Argumentos de FOVIDA
FOVIDA sostiene que estos hechos no constituyen un simple error administrativo, sino una grave afectación a principios fundamentales del sistema de justicia como la legalidad, la autonomía del Ministerio Público y la lucha contra la corrupción.
La organización remarca que la elección del Fiscal de la Nación no puede ser tratada como un acto aislado, pues se trata de una decisión que impacta directamente en la estabilidad institucional del país y en la confianza ciudadana hacia el sistema judicial.
“El problema no es solo la designación en sí, sino permitir que una autoridad tan importante sea elegida bajo un procedimiento cuestionado desde su origen”, advierten.
El plazo legal para que la Junta de Fiscales Supremos responda al recurso vence el próximo 27 de mayo, dentro de los 30 días hábiles establecidos desde la presentación formal realizada el 14 de abril. Para esa fecha, Patricia Benavides habría permanecido aproximadamente cuatro meses ejerciendo presuntamente de manera irregular como fiscal suprema.
Diversos sectores consideran que esta situación podría sentar un grave precedente si no se corrige oportunamente. Permitir que una elección de esta magnitud se mantenga pese a una posible vulneración de requisitos legales esenciales debilitaría el Estado de Derecho y la legitimidad de una de las instituciones más importantes del sistema democrático.
Por ello, los solicitantes exigen que la Junta de Fiscales Supremos reevalúe la nueva prueba presentada, declare la nulidad de la Resolución N.° 012-2026-MP-FN-JFS y garantice un nuevo proceso de elección transparente, legal y legítimo.
