Este martes la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro logró una sentencia condenatoria contra el exgeneral de la Policía Nacional del Perú, Máximo Sánchez, tras demostrarse un incremento patrimonial ilícito durante su paso por importantes cargos dentro de la institución.

El fallo judicial impuso cinco años de pena privativa de libertad suspendida por un periodo de prueba de cuatro años, además de una inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de una reparación civil superior a los 300 mil soles.

La sentencia fue obtenida por el Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, bajo la conducción de la fiscal Janny Sánchez Porturas.

Fiscalía acreditó incremento patrimonial injustificado

Durante el juicio oral, la fiscal adjunta provincial Katerin Yeni Ramírez Ccopa logró demostrar que entre los años 2010 y 2015, Máximo Sánchez incrementó ilícitamente su patrimonio en S/ 250 190.56, monto que no pudo justificar con ingresos legales ni documentación sustentatoria.

Durante ese periodo, el entonces oficial ocupó posiciones estratégicas dentro de la Policía Nacional, incluyendo cargos de alto mando en zonas sensibles como el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), el Huallaga y la dirección de la Región Policial Junín.

Estas responsabilidades le otorgaban una alta exposición institucional y la obligación de transparentar sus ingresos y bienes ante los órganos de control del Estado.

Pericia financiera reveló depósitos masivos

Uno de los elementos centrales del proceso fue la pericia financiera realizada por el Ministerio Público, la cual permitió detectar un patrón de ocultamiento deliberado de activos.

Según la investigación, el exgeneral realizaba depósitos masivos en cuentas a plazo fijo que llegaron a acumular hasta S/ 400 000, una cifra incompatible con los ingresos declarados oficialmente durante su carrera policial.

Sin embargo, en sus declaraciones juradas presentadas ante la Contraloría General de la República, Máximo Sánchez aseguraba bajo juramento no poseer ahorros, inversiones ni capitales relevantes.

Para la Fiscalía, esta conducta evidenció una clara intención de evadir el control estatal y ocultar la verdadera dimensión de su patrimonio.

No pudo justificar origen legal del dinero

Durante el proceso judicial, el exalto mando policial intentó explicar el origen de los fondos señalando que correspondían a ahorros familiares y a un estilo de vida austero.

No obstante, el Poder Judicial concluyó que dichos argumentos no fueron suficientes ni contaban con respaldo documental que acreditara la legalidad de los recursos.

La falta de sustento sobre el origen del dinero permitió consolidar la acusación por enriquecimiento ilícito, delito que sanciona el incremento patrimonial no justificado de funcionarios públicos durante el ejercicio de sus funciones.

La sentencia establece que el incremento patrimonial afectó no solo el patrimonio público, sino también la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de la seguridad y el orden interno.

Reparación civil supera los 300 mil soles

Además de la condena penal, el Poder Judicial dispuso la inhabilitación de Máximo Sánchez para ejercer cualquier cargo público durante un año.

Asimismo, deberá pagar una reparación civil de S/ 300 190.56, monto que incluye la devolución del dinero considerado irregularmente incorporado a su patrimonio, así como una indemnización por el daño ocasionado a la imagen del Estado.

Esta medida busca no solo reparar el perjuicio económico, sino también reforzar el mensaje de sanción frente a actos de corrupción cometidos desde altos niveles de poder.