El Congreso de la República decidió blindar nuevamente a la presidenta Dina Boluarte, al archivar sin debate cuatro denuncias constitucionales en su contra. Tres de estas estaban relacionadas directamente con las muertes ocurridas durante las protestas sociales entre diciembre de 2022 y enero de 2023, y una más la acusaba de presunta usurpación de funciones del entonces presidente Pedro Castillo.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), liderada por María Acuña Peralta (Alianza para el Progreso), informó sobre la recepción de 10 denuncias constitucionales, de las cuales cuatro involucraban a Boluarte y a varios de sus exministros. Pese a la gravedad de los cargos, los informes de calificación de todas ellas concluyeron en recomendar su archivamiento.

La primera denuncia evaluada fue la N.º 334, impulsada por la congresista Ruth Luque. Esta denuncia incluía a la presidenta y a ex altos funcionarios de su gobierno, entre ellos Pedro Angulo Arana (expresidente del Consejo de Ministros), Luis Alberto Otárola (exministro de Defensa y expresidente del Consejo de Ministros), César Augusto Cervantes (exministro del Interior) y José Tello Alfaro (exministro de Justicia). Los cargos apuntaban a presuntas infracciones constitucionales y la posible comisión de delitos de homicidio calificado y lesiones graves.

El abogado Carlos Ortiz, encargado de sustentar el informe de calificación, argumentó que los hechos descritos no constituían infracción a la Constitución ni delitos de función. Citó además jurisprudencia del Tribunal Constitucional que respalda la necesidad de una determinación previa de responsabilidad penal para proceder con acusaciones constitucionales. Según su evaluación, la denuncia carecía de elementos probatorios sólidos contra los acusados.

Dina Boluarte: denuncias contra la presidenta no tuvieron debate previo

El informe fue aprobado sin discusión, con 11 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones. Los votos favorables provinieron de legisladores de Alianza para el Progreso (APP), Fuerza Popular, Renovación Popular y Acción Popular, lo que evidencia el respaldo político a la actual mandataria en el Congreso.

Posteriormente, la SAC procedió al archivo de las denuncias N.º 349 y 340, ambas promovidas por la congresista Silvana Robles Araujo. Estas también acusaban a Dina Boluarte y a exministros por la presunta comisión de homicidio calificado y lesiones graves durante la represión de las protestas. El informe de calificación correspondiente a la denuncia 349 concluyó que no se trataban de delitos de función ni encajaban en los tipos penales requeridos. Recibió el mismo respaldo parlamentario: 11 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones.

Dado que la denuncia 340 tenía contenido casi idéntico a la 349, se utilizó el mismo informe para sustentar su archivo, con idéntico resultado en la votación.

Con esta decisión, el Congreso ha cerrado la posibilidad de avanzar en la investigación constitucional contra Boluarte por las muertes registradas en contextos de protestas sociales, un tema que continúa siendo sensible y motivo de preocupación en el país y ante organismos internacionales de derechos humanos.

El archivamiento sin debate ha generado críticas entre sectores que consideran que se ha vulnerado el derecho a una evaluación política seria y transparente. Mientras tanto, la presidenta Boluarte sigue sin afrontar responsabilidades desde el Legislativo por las acciones de su gobierno en el manejo de la crisis social de 2022-2023.