La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó dos demandas de inconstitucionalidad contra las leyes N° 32107 y N° 32130, aprobadas en 2024. Según Espinoza, estas normas afectan la autonomía de la Fiscalía e interfieren en su independencia.
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó dos demandas de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra las leyes N° 32107 y N° 32130, argumentando que ambas normativas interfieren en la independencia y autonomía del Ministerio Público. La acción fue dada a conocer a través de la cuenta oficial del Ministerio Público en X (antes Twitter), en la que se precisó que dichas leyes vulneran gravemente la función fiscal.
Según el comunicado, la ley N° 32107, promulgada en agosto del 2024 por el Congreso de la República, regula la aplicación de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Esta norma dispone que ninguna persona será procesada, condenada ni sancionada por estos delitos si los hechos fueron cometidos antes del 1 de julio de 2002. La fiscalía considera que esta disposición podría limitar el alcance de investigaciones en curso sobre crímenes cometidos antes de esa fecha.
Por otro lado, la ley N° 32130, promulgada en octubre del 2024, modifica el Código Procesal Penal y establece que la Policía Nacional del Perú se encargará de la investigación preliminar de los delitos, mientras que el fiscal tendrá un rol más limitado, enfocado en definir la estrategia jurídica. Este cambio en el procedimiento penal ha generado preocupación en el Ministerio Público, que sostiene que la normativa afecta la capacidad de los fiscales para dirigir de manera efectiva las investigaciones y garantiza la autonomía en la labor fiscal.
Ambas demandas de inconstitucionalidad buscan que el Tribunal Constitucional evalúe la legalidad y el impacto de estas leyes sobre la autonomía institucional de la Fiscalía. Espinoza reiteró el compromiso del Ministerio Público con la defensa de los principios constitucionales y el fortalecimiento del sistema de justicia en el país.