Durante el gobierno de Dina Boluarte, las empresas vinculadas a Juan Carlos Alfaro Acuña —sobrino de César Acuña, líder de Alianza para el Progreso (APP)— han firmado 29 contratos con el Estado, acumulando más de S/1,1 millones en adjudicaciones, principalmente de forma directa, según una investigación del medio El Foco.
Alfaro es gerente general de las empresas Alac Ooh Perú y Alac Management (antes Alac Outdoor), especializadas en publicidad exterior. Entre 2023 y 2024, sus servicios fueron contratados por entidades clave como Promperú, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el Ministerio de Salud (Minsa), el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y la misma Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
El mayor contratante fue Promperú, entidad adscrita al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), que le adjudicó 24 contratos por un total de S/791.282, iniciando con una campaña por el aniversario de Marca País. Le siguen el INEI, con un contrato por S/189.193, y el MTC, con S/149.860, bajo la gestión del ministro Raúl Pérez Reyes. El Minsa también contrató sus servicios por S/28.000, cuando Rosa Gutiérrez era titular del sector.
Aunque la magnitud de los contratos ha generado cuestionamientos, Juan Carlos Alfaro no ha brindado declaraciones pese a las múltiples solicitudes de prensa. Además, se ha reportado que su empresa estuvo vinculada a una investigación por presunto lavado de activos relacionada con la campaña presidencial de César Acuña en 2016.
Este caso ha encendido las alertas debido a su coincidencia con un proyecto de ley impulsado por la congresista Ediht Julón, también de APP. La iniciativa plantea exonerar del pago por el uso del espacio público durante tres años a empresas de publicidad exterior, además de otorgar licencias sin vencimiento. De ser aprobada, beneficiaría directamente a empresas como las de Alfaro, quien ya figura como proveedor del Estado.
La propuesta ha sido fuertemente criticada por autoridades municipales. José Carlos Untiveros, gerente de promoción privada de la Municipalidad de Lima, advirtió que la norma “vulnera las competencias distritales” y permitiría entregar espacios públicos “a perpetuidad”, afectando la recaudación y el orden urbano. Según cálculos de la comuna, más de mil paneles publicitarios operan sin autorización en Lima, lo que refleja el descontrol en el sector.
El contexto político refuerza la percepción de conflicto de intereses. Alianza para el Progreso, partido de César Acuña, ha sido clave en votaciones del Congreso que favorecen al Ejecutivo. Esto ha alimentado sospechas sobre intercambios de favores entre el Legislativo y el Ejecutivo, incluyendo beneficios económicos para allegados de líderes políticos.
A pesar de las evidencias, no se han anunciado investigaciones formales sobre la legalidad de los contratos adjudicados ni sobre la influencia del proyecto de ley impulsado desde APP. El caso se suma a una larga lista de cuestionamientos sobre el uso de fondos públicos en el gobierno de Dina Boluarte y los beneficios obtenidos por personajes cercanos al poder político.
