El Gobierno de Dina Boluarte ha decidido destinar 70 mil soles del presupuesto público para cubrir la defensa legal de Enrique Vílchez Vílchez, actual secretario del Despacho Presidencial, quien es investigado por la Segunda Fiscalía Suprema Penal por presunto encubrimiento al prófugo y líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.
La contratación fue aprobada mediante la Resolución N.º 000050-2025-DP/SSG, emitida el 12 de mayo por el Despacho Presidencial, tras un informe favorable del área de Asesoría Jurídica. La investigación contra Vílchez se remonta a una carpeta fiscal abierta en febrero de 2025, en la que se le señala por presuntas coordinaciones con parlamentarios para proteger a Cerrón Rojas de la justicia.
El proceso de selección concluyó el 30 de junio con la contratación del abogado José Mandujano Rubín, quien asumirá la defensa de Vílchez. La decisión ha generado controversia en diversos sectores, al considerar que se destinen recursos del Estado para defender a un funcionario investigado por encubrimiento.
En el mismo expediente figuran varios congresistas de Perú Libre, entre ellos Américo Gonza, Kelly Portalatino, Jaime Quito, María Agüero, Janet Rivas Chacara y Waldemar Cerrón Rojas. La denuncia por encubrimiento cobró fuerza cuando el legislador Edwin Martínez reveló, en julio de 2024, que había recibido un USB con supuestos chats que evidenciaban la protección brindada al líder del partido.
Entre los implicados también figura el gobernador regional de Arequipa, Roel Sánchez, quien habría mantenido comunicaciones con legisladores para coordinar acciones que evitaran la detención de Cerrón. Según Martínez, existía información de que Cerrón se ocultaba en Caylloma, en la región Arequipa. Tanto Sánchez como los congresistas involucrados negaron las acusaciones.
La situación se agravó cuando se difundieron audios entre Vladimir Cerrón y la congresista Kelly Portalatino, donde se le advertía sobre el operativo policial en el condominio Mikonos, en Asia, lugar donde se presumía su presencia. El fallido operativo generó duras críticas al gobierno de Boluarte y cuestionamientos sobre el uso del vehículo presidencial en dichas diligencias.
El rol de Enrique Vílchez en el caso ‘Cofre‘
El escándalo derivó en una nueva investigación fiscal conocida como el “caso Cofre”, que involucra directamente a la presidenta Dina Boluarte. El Congreso, a través de la Comisión de Fiscalización, también abrió una indagación sobre un posible encubrimiento a Cerrón, centrando sus pesquisas en las reuniones sostenidas en el condominio Asia Sur.
Como parte de estas investigaciones, se solicitó al Ejecutivo información sobre las bitácoras del vehículo presidencial y los agentes de seguridad asignados durante los desplazamientos de Boluarte. Sin embargo, dicha información fue declarada como “reservada” por resolución firmada por el propio Enrique Vílchez, lo que levantó sospechas de obstrucción.
Además, el ‘Plan de Seguridad de Palacio de Gobierno y locales conexos’ fue reclasificado como documento reservado, limitando el acceso a datos clave sobre los movimientos de la presidenta. Para muchos, esta maniobra podría responder a un intento por proteger a altos funcionarios frente al avance de las investigaciones fiscales y parlamentarias.
Este nuevo episodio complica aún más el entorno político del Ejecutivo y vuelve a poner en el centro del debate la transparencia en el uso de recursos públicos, así como los presuntos vínculos entre el gobierno de Dina Boluarte y figuras cuestionadas como Vladimir Cerrón.
