Un reportaje del programa dominical Punto Final reveló que la presidenta de la República, Dina Boluarte, no solo se incrementó el sueldo a S/35.568 mensuales, sino que también cuenta con una tarjeta electrónica de consumo, financiada con recursos públicos, para cubrir sus gastos personales y los de su familia en alimentos y restaurantes.

La tarjeta, de marca Pluxee (antes Sodexo), fue contratada mediante la Adjudicación Simplificada 002-2024 del Despacho Presidencial y permite compras en abarrotes, carnes, frutas, verduras, cafés, panaderías y restaurantes en Lima. Cada mes, esta tarjeta recibe una recarga de S/5.000 y, según el contrato, no existe un tope diario de consumo. Una vez agotado el saldo, el Despacho Presidencial puede solicitar una nueva recarga sin restricciones.

Dina Boluarte: tarjeta de consumo presidencial puede renovarse automáticamente

El gasto anual estimado para mantener activa la tarjeta es de S/60.000, aunque el monto es ampliable y puede renovarse automáticamente. Según la investigación, no se exige una rendición pública de cuentas sobre los consumos realizados con esta tarjeta. Cuando Punto Final solicitó las boletas y facturas asociadas, el Gobierno respondió que revelar esos datos pondría en riesgo la seguridad de la presidenta y su familia.

En esa línea, el contrato con Pluxee incluye una cláusula de confidencialidad, que impide a la empresa divulgar información sobre los productos adquiridos, los locales donde se usa la tarjeta o los nombres de los beneficiarios.

Este esquema ha sido duramente criticado por exfuncionarios de Palacio, como el exjefe de la Oficina de Administración, José Elice, quien señaló que tradicionalmente los alimentos para la residencia presidencial se compraban a través de procesos regulares y auditables, sin necesidad de tarjetas personales.

Además, expresidentes como Francisco Sagasti y Martín Vizcarra coincidieron en que durante sus mandatos nunca existió un beneficio similar, y que cualquier provisión alimentaria se hacía por adquisición institucional, bajo supervisión y control del Estado.

El caso ha sido bautizado en redes sociales como la “tarjeta Dina Platinum”, y ha generado nuevas críticas sobre el manejo de recursos públicos por parte de la actual gestión. Se suma al reciente aumento de sueldo presidencial, que elevó la remuneración mensual de Boluarte en un 122 %, pasando de S/15.600 a S/35.568. Esta medida ya ha motivado la presentación de ocho proyectos de ley en el Congreso para revertir el incremento.

Para analistas políticos y sectores de la oposición, la tarjeta representa un símbolo de desconexión entre el Gobierno y las necesidades del país, especialmente en un contexto marcado por la crisis económica, el alza del costo de vida y la pérdida de confianza en las instituciones.

La revelación ocurre en momentos en que la imagen presidencial enfrenta un fuerte deterioro, con niveles de desaprobación ciudadana que superan el 80 %, según encuestas recientes. A medida que se conocen nuevos privilegios, crece la presión para que el Ejecutivo rinda cuentas y revise el uso de recursos públicos en tiempos de austeridad.