Una nueva controversia sacude a la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Gino Ríos Patio, presidente del máximo órgano encargado de nombrar, ratificar y sancionar a jueces y fiscales en el Perú, cuenta con una sentencia por violencia familiar que no fue debidamente considerada durante su proceso de selección.

De acuerdo con un reportaje emitido por el programa Cuarto Poder, Ríos fue sentenciado en mayo de 2011 por el Primer Juzgado Transitorio Especializado de Familia de La Molina y Cieneguilla, tras determinarse que ejerció violencia psicológica contra su exesposa. La relación entre ambos terminó en divorcio hace 14 años.

Lo llamativo del caso es que, durante el proceso de entrevistas a los postulantes a la JNJ, esta sentencia no fue mencionada por ningún miembro del comité evaluador. Según el reportaje, Javier Arévalo, entonces presidente del Poder Judicial y ponente en la evaluación de Ríos, únicamente consultó sobre una denuncia archivada por peculado de uso. No se abordó la sentencia por violencia familiar.

La abogada de la exesposa, Elena Tello, reveló que envió una carta al comité de selección advirtiendo sobre la sentencia judicial. Sin embargo, recibió como respuesta que el periodo de tachas ya había concluido. “La violencia estaba comprobada por pericias psicológicas y el tratamiento psiquiátrico y psicológico que llevaba mi patrocinada”, afirmó Tello.

Ante las críticas, Josué Gutiérrez, actual defensor del Pueblo y presidente de la comisión especial encargada de la selección, argumentó que se evitó profundizar en el caso por razones de “decoro”, debido a que involucraba a terceros, como niños y la expareja del magistrado. “No lo minimizo, pero no hay una sentencia condenatoria con connotación punible”, declaró Gutiérrez.

No obstante, diversos especialistas señalan que este tipo de omisiones comprometen la transparencia del proceso. Y la situación se torna aún más contradictoria si se considera que Gino Ríos, en abril pasado, votó a favor de destituir a su colega Rafael Ruiz Hidalgo por ocultar una condena por prevaricato del año 2010. La decisión se basó en una interpretación de la Ley Orgánica de la JNJ que establece impedimentos para ejercer el cargo si existe una sentencia judicial previa.

Paradójicamente, esa misma norma, vigente desde 2019, no fue aplicada a Ríos Patio bajo el argumento de que su sentencia es anterior a la promulgación de dicha ley. Esto ha generado un debate sobre la equidad en el trato dentro de la propia institución que debe velar por la ética del sistema de justicia.

Intentos por obtener declaraciones de Gino Ríos no prosperaron. Consultado por Cuarto Poder, el magistrado solo atinó a decir: “En estos momentos, no puedo”.

El caso ha puesto en tela de juicio la legitimidad del actual presidente de la JNJ, especialmente en un contexto en el que la institución tiene como misión garantizar la probidad en el sistema judicial peruano. La revelación de esta sentencia podría generar una nueva crisis institucional, y presiones para una eventual revisión del proceso de selección que lo colocó en dicho cargo.