El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, indicó que en los primeros 100 días al mando de dicha institución se tendrá una entidad con “mayor agilidad” respecto en la reforma de justicia. Una iniciativa que incluso la propia presidenta de la República, Dina Boluarte, mencionó en días anteriores que solicitaría facultades al Parlamento Nacional para “corregir” algunos artículos del Código Penal.
En ese sentido, el cuestionado ministro del MINJUSDH aseguró que su gestión tendrá metas claras, las cuales permitan tener la “construcción de penales” y realizar una presunta “limpia”. No obstante, en otro momento dejó entrever que su persona y la jefa de Estado ya tienen una postura fijada hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Los primero 100 días lo que tenemos que entender aquí es que necesitamos un Ministerio de Justicia con mayor agilidad en la construcción de los penales, en la estructuración de nuevos centros de reclusión (…) También reforzar la posición que la señora presidenta de la República (Dina Boluarte) tiene con respecto a las normas, por ejemplo, de amnistía, o incluso a la posición que debe tener el Estado peruano frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos” , dijo en entrevistar con Diario Expresso.
Designación de Juan José Santiváñez se realiza en medio de tensiones entre Gobierno de Dina Boluarte y la Corte IDH por Ley de Amnistía
El retorno de Juan José Santiváñez al Ejecutivo no ha pasado desapercibido. Tras ser censurado en marzo como ministro del Interior, ahora asume la cartera de Justicia y Derechos Humanos, en reemplazo de Enrique Alcántara. Su designación llega en un momento marcado por tensiones entre el Estado peruano y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), lo que lo convierte en una figura clave para el futuro de esta relación.
Un documento difundido por Willax TV reveló que, durante su interpelación en el Congreso el pasado 21 de marzo, Santiváñez tenía previsto cerrar su discurso con una propuesta inédita: poner en debate la posibilidad de que Perú se retire de la Corte IDH. Aunque esa parte de su intervención nunca se pronunció en el hemiciclo, el hecho expuso sus posturas sobre el rol del país en el sistema interamericano de justicia.
En aquella sesión, Santiváñez responsabilizó a gestiones anteriores por el aumento de la inseguridad ciudadana, al permitir —según dijo— el ingreso masivo de migrantes que contribuyó al crecimiento de la criminalidad. También criticó a la oposición, acusándola de usar la seguridad como un “arma política” y una estrategia de “desinformación”.
Pese a esas declaraciones, el Congreso aprobó su censura como ministro del Interior pocas horas después. Sin embargo, la presidenta Dina Boluarte lo reincorporó al gabinete este 23 de agosto, ahora al frente del Ministerio de Justicia. Este retorno se produce mientras Santiváñez enfrenta investigaciones fiscales por presunto tráfico de influencias, interferencias en el Tribunal Constitucional, el INPE y el mismo Ministerio de Justicia, lo que ha generado críticas por el nivel de cuestionamientos que arrastra.
Contexto internacional y tensiones con la Corte IDH
La discusión sobre la permanencia de Perú en la Corte IDH cobra fuerza en un momento en que el país es cuestionado por reiterados actos de desacato a sus resoluciones. Durante la audiencia de los casos Barrios Altos y La Cantuta, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero Ochoa, advirtió que el Estado peruano vuelve a desconocer medidas provisionales de la Corte.
Recordó que esta conducta no es nueva: en 2023 se restituyó el indulto a Alberto Fujimori, en 2024 se promulgó la Ley 32107, que prescribía crímenes de lesa humanidad, y en 2025 el Congreso aprobó una Ley de Amnistía pese a órdenes explícitas de suspensión.
La presidenta de la Corte IDH, Nancy Hernández López, también instó a Perú a respetar las medidas vigentes que obligan al Estado a dejar sin efecto dichas normas y a abstenerse de aplicar amnistías mientras el tribunal no emita un fallo final. Además, recordó que el reglamento de la Corte protege a víctimas, testigos y defensores legales de represalias, una advertencia en medio del clima político actual.
Con este panorama, la designación de Santiváñez al frente del Ministerio de Justicia refuerza las sospechas de que el Ejecutivo busca abrir el debate sobre un distanciamiento de la Corte IDH, un tema que marcará la agenda política y jurídica del Perú en los próximos meses.
