El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria ha establecido que el plazo para la revisión y análisis de los audios entregados por el capitán PNP Junior Izquierdo, alias ‘Culebra’, será de 90 días, computados desde el 5 de junio hasta el 5 de septiembre de 2025. La decisión responde a una solicitud de la Fiscalía de la Nación en el marco de la investigación por presunto abuso de autoridad contra el exministro del Interior Juan José Santiváñez.
El material en cuestión —entregado voluntariamente por el oficial PNP el 29 de agosto de 2024— consiste en un grabador digital de 8 GB, cuyo contenido está siendo sometido a peritajes técnicos para extraer y transcribir conversaciones que podrían resultar claves en diversas investigaciones fiscales, entre ellas, el caso Cofre, vinculado al uso indebido del vehículo presidencial para presuntamente facilitar la fuga de Vladimir Cerrón.
Aunque la defensa de Santiváñez no objetó inicialmente el pedido del Ministerio Público, solicitó luego al juzgado que precisara con exactitud desde qué fecha debía contarse el plazo de revisión. En paralelo, la Fiscalía pidió una ampliación del plazo ya otorgado, la cual fue declarada improcedente por el juez. Con esta resolución, el tema queda cerrado y los audios deberán analizarse dentro del periodo fijado.
Las grabaciones contendrían diálogos comprometedores entre Santiváñez e Izquierdo, donde se tocarían temas sensibles relacionados a presuntas injerencias políticas, vínculos con asesores de la presidenta Dina Boluarte, y coordinaciones para proteger al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Según el abogado de Izquierdo, José Carlos Mejía, el contenido servirá para corroborar la veracidad de las denuncias hechas por su defendido.
El exministro, además, enfrenta una investigación paralela por presunto pago de sobornos a magistrados del Tribunal Constitucional (TC). La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ha revocado un fallo anterior y dictado impedimento de salida del país por 18 meses contra Santiváñez, considerando que existe riesgo de fuga.
Fundamentos de la Fiscalía para investigar a Juan José Santiváñez
El Ministerio Público argumentó que Santiváñez carece de arraigo sólido, dado que el puesto que ocupa en la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental es de confianza, sin estabilidad garantizada. También señaló que el estudio jurídico del exministro tiene sucursales en México y Chile, y que los contratos de alquiler de su oficina en Lima vencieron en diciembre de 2023, factores que complican su permanencia en el país.
Las acusaciones contra Santiváñez se remontan a su participación en la defensa de Miguel Marcelo Salirrosas en 2021. Aunque sus recursos legales fueron rechazados por instancias judiciales, insistió en elevar el caso al TC. Ya en 2024, siendo titular del Ministerio del Interior, habría coordinado presuntamente el pago de US$20 mil a magistrados del máximo tribunal para favorecer el caso, según testigos protegidos.
Estos testigos aseguran que Santiváñez gestionó la entrega del dinero por medio de mensajes de WhatsApp con allegados al implicado. Incluso, se habría reunido en persona para evitar dejar rastros, solicitando que se confirmara el monto ofrecido y advirtiendo sobre la urgencia de no “quedar mal” con sus “amigos”, en alusión a los supuestos destinatarios del soborno.
La revelación de los audios, en caso de ser verificada, podría reforzar la línea fiscal y comprometer aún más al exministro, cuya influencia dentro del Ejecutivo ha sido duramente cuestionada en los últimos meses.
