La abogada Katherine Ampuero, actual jefa del gabinete de asesores de la bancada de Renovación Popular y candidata al Senado Nacional con el número 4, se encuentra en el centro de la controversia tras revelarse que habría realizado actividades privadas como abogada en pleno horario laboral del Congreso de la República.

De acuerdo con registros del Ministerio Público y documentos internos del Parlamento, a los que accedió el Diario El Comercio, Ampuero habría acudido durante varios días a diligencias legales en la región Piura mientras percibía un sueldo público mensual de S/ 15,990.

Actividades paralelas en horario laboral

Los libros de visitas de la sede fiscal de Máncora consignan el ingreso de Ampuero los días 17, 18 y 19 de septiembre de 2024, en calidad de abogada particular. En dichas fechas, la letrada habría ejercido la defensa de un investigado en la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa.

Este hecho ha generado cuestionamientos debido a que dichas actividades coincidirían con su jornada laboral en el Congreso, lo que podría constituir una posible incompatibilidad en el ejercicio de funciones públicas y privadas.

La información fue corroborada mediante el acceso a los registros físicos de ingreso, los cuales evidencian que su presencia en la sede fiscal no fue un hecho aislado, sino reiterado durante tres días consecutivos.

Denuncia por presunta agresión

El caso tomó mayor relevancia tras conocerse una denuncia por agresión física contra Ampuero, ocurrida precisamente el 17 de septiembre de 2024 en las instalaciones del Ministerio Público.

Según el documento de la denuncia, la abogada habría protagonizado un altercado con un agente de seguridad, a quien presuntamente agredió con rasguños en el antebrazo izquierdo, además de proferir insultos y gritos.

El incidente se habría producido cuando Ampuero intentaba ingresar a una audiencia, generándose una discusión que escaló rápidamente. Como resultado, fue imputada por el presunto delito de lesiones.

Consultada sobre lo ocurrido, Ampuero confirmó el enfrentamiento, aunque sostuvo que ella fue la víctima del incidente. Según su versión, el conflicto se originó porque el fiscal a cargo no le permitía ingresar a la diligencia, lo que desencadenó la discusión.

No obstante, más allá del altercado, la propia abogada reconoció que se encontraba en Piura realizando labores como defensora particular, lo que refuerza las dudas sobre el cumplimiento de sus funciones públicas.

Uno de los aspectos más cuestionados es la ausencia de información clara respecto a si Ampuero solicitó licencia para ausentarse de sus funciones en el Congreso durante esos días.

Al ser consultada sobre este punto, la exprocuradora indicó que no recordaba si había tramitado el permiso correspondiente, lo que incrementa las interrogantes sobre una posible irregularidad administrativa.

Asimismo, tampoco pudo precisar con exactitud el nombre de la persona a la que representaba legalmente, señalando únicamente que podría tratarse de alguien de apellido “Risopatrón”.

Posibles implicancias

El caso abre el debate sobre la ética y la legalidad en el ejercicio simultáneo de funciones públicas y privadas, especialmente en cargos de alta responsabilidad dentro del Estado.

De confirmarse alguna irregularidad, Ampuero podría enfrentar cuestionamientos no solo a nivel político, sino también administrativo, en un contexto en el que su imagen pública se ha construido como una figura crítica frente a la corrupción.