Esta mañana, desde los exteriores de la sede principal del Ministerio Público, el exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y precandidato presidencial, Alfonso López Chau, expresó su respaldo a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, en medio de la controversia por la reposición de Patricia Benavides.

En declaraciones a la prensa, López- Chau fue enfático al denunciar que el intento de retorno de Benavides no responde a razones jurídicas sólidas, sino a intereses oscuros vinculados con el Congreso. “Pareciera que está representando intereses de congresistas que tienen carpetas fiscales abiertas. Si fue destituida por favorecer a su hermana y por denuncias graves de corrupción, ¿con qué argumento se pretende reponerla?”, cuestionó.

Recordó que la decisión de destituir a Patricia Benavides fue tomada por unanimidad debido a graves cuestionamientos éticos y legales, entre ellos, el presunto favorecimiento a su hermana en el aparato judicial y el uso del cargo para beneficios personales. “Apelaron y todo fue desestimado. Ahora pretenden que regrese, pero esto no es otra cosa que una maniobra política que favorece a grupos de congresistas delincuenciales”, añadió con firmeza.

Para López Chau, el caso representa una lucha desigual entre una minoría política con poder y la mayoría ciudadana que exige justicia y transparencia. “Este es un problema entre el 2% y el 98%”, sentenció.

Irregularidades en la reposición de Benavides

A estas declaraciones se suma la creciente preocupación por el procedimiento con el que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) restableció a Benavides como titular del Ministerio Público. La votación del pasado 9 de junio que anuló su destitución no fue transmitida públicamente ni se difundió el acta completa del proceso.

Según fuentes del Diario La República, el único documento difundido lleva la firma del consejero Gino Ríos, quien además se ha negado a revelar el acta y la resolución completa que oficializaría la reposición. Se supo incluso que una de las firmas fue recabada dentro de un ascensor, lo que alimenta aún más las dudas sobre la legalidad y formalidad del procedimiento.

Delia Espinoza, quien ocupa actualmente el cargo de fiscal de la Nación, ha solicitado con insistencia dichos documentos para verificar la validez jurídica del acto y garantizar la transparencia del proceso. Sin embargo, hasta la fecha, no ha recibido respuesta clara ni oficial de la JNJ.

La PNP y el resguardo a Benavides

En medio de este panorama, otro elemento de controversia es la decisión de la Policía Nacional del Perú (PNP) de brindar resguardo a Patricia Benavides pese a la falta de una resolución formal y pública que respalde su restitución. Esta decisión ha sido criticada por diversos sectores que ven en ello una posible intromisión en funciones fiscales sin base legal sólida.

López Chau advirtió que, de continuar por esta vía, se corre el riesgo de erosionar aún más la institucionalidad del Ministerio Público y generar un precedente peligroso de injerencia política en órganos autónomos.

En ese contexto, el apoyo ciudadano y político a Delia Espinoza cobra relevancia. Mientras la fiscal busca respaldo legal para preservar el orden constitucional dentro del Ministerio Público, sectores como el liderado por López Chau demandan que las decisiones en justicia no se sometan a intereses políticos, sino que respondan al debido proceso y al respeto institucional.