Este jueves 31 de julio, se conoció que la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, podrá regresar al Ministerio Público luego de que la Corte Suprema del Poder Judicial decidiera revocar la suspensión por 24 meses contra Benavides Vargas. Esto, luego de que su defensa legal, Jorge del Castillo publicara la resolución en sus redes sociales
“Declararon fundado el recurso de apelación interpuesto por la encausada Liz Patricia Benavides Vargas e infundado el recurso de apelación formulado por al señora fiscal de la Nación (Delia Espinoza) contra el auto de primera instancia de fojas ciento noventa y seis de veinticinto de junio de dos mil veinticinto, que declaró fundado contra la investigada (…) En consecuencia, revocaron el auto de primera instancia; reformándolo: declararon improcedente el requerimiento de medida de suspensión preventiva de derechos de modalidad de suspensión temporal en el ejercicio del cargo por el plazo veinticuatro meses”, se lee el documento al que tuvo acceso el también expresidente del Consejo de Ministros.
Uno de los argumentos de los integrantes de la Corte Suprema es que para dejar sin efecgto la suspensión del mencionado plazo en contra de Benavides Vargas es el hecho de “público y notorio” que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso decidió declarar improcedente a trámite la acusación constitucional la cual fue presentada por el Ministerio Público.
Vale precisar que sobre este hecho, en su momento mediante una audiencia realizada por Justicia TV, el magistrado Supremo César San Martín advirtió que el proceso seguido contra Patricia Benavides no podría dar el siguiente paso por la decisión de los integrantes de la SubComisión.
“Solo por esta situación se entiende que no está expedita la persecución penal y, por consiguiente, toda medida que afecte el entorno jurídico de quien se encontraba preliminarmente investigada decae irremediablemente, incluso con el archivo de las actuaciones”, se lee en la resolución a la que accedió el medio de comunicación Infoabe.
Poder Judicial señala que a la exfiscal de la Nación no se le puede colocar una medida coercitiva
En ese sentido, la Corte Supremo sostuvo que, en el caso de Patricia Benavides al ser una funcionaria con antejuicio, el Ministerio Público no puede solicitar una medida coercitiva, como lo es la suspensión de derechos, salvo el Parlamento Nacional lo autorice. Por lo tanto, estas acciones solo corresponden cuando las pesquisas hayan sido formalizada y no cuando se encuentren en investigaciones preliminares.
Congreso blinda a Patricia Benavides y manda al archivo denuncia constitucional por organización criminal
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República archivó este viernes 25 de julio la denuncia presentada por la fiscal suprema Delia Espinoza contra la exfiscal de la Nación Patricia Benavides. La decisión fue adoptada con siete votos en contra, seis a favor y dos abstenciones, lo que implica el cierre inmediato del caso en el ámbito parlamentario.
El informe de calificación que recomendaba admitir a trámite la denuncia fue incluido sorpresivamente en la agenda del día y votado sin previo debate, generando fuertes críticas desde sectores políticos y de la sociedad civil que esperaban una deliberación abierta sobre un caso de alta sensibilidad institucional.
La denuncia constitucional presentada por Espinoza imputaba a Benavides diversos delitos graves, entre ellos organización criminal, cohecho pasivo específico e impropio, abuso de autoridad, encubrimiento personal y obstrucción a la justicia. Según el documento fiscal, Benavides habría liderado una estructura ilícita dentro del Ministerio Público, con la finalidad de manipular decisiones fiscales y encubrir actos irregulares durante su gestión como fiscal de la Nación.
Pese a la gravedad de los cargos, la subcomisión decidió no admitir la denuncia a trámite, lo que impide su evaluación de fondo, bloquea cualquier eventual proceso de inhabilitación constitucional y genera suspicacias sobre un posible blindaje político a la exfuncionaria.
El hecho de que la votación se realizara sin debate y que el informe fuera incorporado en agenda a último momento también ha sido duramente cuestionado. Congresistas de oposición y analistas advierten que se estaría consolidando una tendencia a proteger a altas autoridades cuestionadas, debilitando así los mecanismos de fiscalización del Parlamento.
Por su parte, Patricia Benavides se pronunció públicamente tras conocerse esta decisión y luego de haber sido suspendida nuevamente de sus funciones como fiscal suprema y fiscal de la Nación por resolución judicial. La medida fue solicitada por Delia Espinoza como parte de un proceso cautelar que Benavides calificó de irregular e inconstitucional.
La exfiscal afirmó que los ataques en su contra obedecen a su negativa de someterse a presiones políticas dentro del Ministerio Público. Alegó que su actuación siempre se ajustó a la legalidad y que su destitución anterior, anulada por la nueva Junta Nacional de Justicia (JNJ), fue producto de un proceso arbitrario y violatorio del debido proceso.
En abril pasado, la JNJ anuló su destitución por supuestas infracciones procedimentales, lo que generó un nuevo escenario judicial y político para su caso. No obstante, las investigaciones penales a cargo del Ministerio Público continúan en paralelo y podrían derivar en nuevas acciones judiciales en su contra.
El archivamiento de esta denuncia en el Congreso reaviva el debate sobre la falta de voluntad política para sancionar a funcionarios de alto nivel, incluso ante evidencias documentadas. Mientras tanto, la figura de Patricia Benavides sigue siendo uno de los ejes más polémicos del actual contexto institucional en el país.
