El expresidente Pedro Castillo Terrones permanecerá en prisión preventiva, luego de que el Poder Judicial declarara infundado el recurso de apelación presentado por su defensa. El exmandatario había solicitado reemplazar la prisión preventiva por comparecencia con restricciones y vigilancia electrónica, pero el tribunal concluyó que no se cumplían los requisitos para concederle dicho beneficio.

Castillo se encuentra recluido en el penal de Barbadillo, en Ate, desde diciembre de 2022, tras su fallido intento de disolver el Congreso y establecer un gobierno de emergencia. Este acto, ampliamente considerado como un golpe de Estado, desencadenó una serie de procesos judiciales que lo mantienen alejado de la vida política y con un futuro incierto.

Fiscalía pide 34 años de cárcel por rebelión y conspiración

La Fiscalía de la Nación ha solicitado 34 años de prisión para el exjefe de Estado, acusado de rebelión, conspiración y abuso de autoridad, delitos graves que atentan contra el orden democrático y la estabilidad institucional del país. El Ministerio Público sostiene que el exmandatario actuó de forma deliberada y coordinada para quebrar el orden constitucional el 7 de diciembre de 2022, día en que intentó cerrar el Congreso y gobernar por decreto.

La defensa de Castillo argumentó que no existía riesgo procesal suficiente como para mantenerlo en prisión preventiva, pero el tribunal determinó que aún persisten riesgos de fuga y de obstrucción a la justicia, dada la gravedad de los delitos imputados y la posibilidad de que intervenga en las investigaciones en curso.

Más investigaciones por corrupción

Además del caso de rebelión, Pedro Castillo enfrenta múltiples investigaciones por presuntos actos de corrupción cometidos durante su mandato. Entre ellos destaca el Caso Puente Tarata, en el que se le señala como líder de una organización criminal al interior del Estado para direccionar obras públicas y contratos millonarios a empresas vinculadas a su entorno político y familiar.

También es investigado por ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas, que habrían sido otorgados a cambio de sobornos. La Fiscalía tiene en la mira reuniones secretas y testimonios de oficiales que señalaron presiones directas desde Palacio de Gobierno.

Uso indebido de bienes del Estado

Otro caso que agrava su situación legal es el presunto uso indebido de aeronaves de las Fuerzas Armadas para fines personales, como viajes no oficiales a su región natal, sin justificación institucional. Este tipo de actos reflejan un uso arbitrario de recursos públicos, lo cual también es investigado como parte de un patrón de abuso de poder durante su gestión.

Por último, Castillo es investigado por nombramientos irregulares en Petroperú, donde habría designado a funcionarios sin perfil técnico ni experiencia, lo que derivó en decisiones que afectaron el funcionamiento y la reputación de la empresa estatal.

Un futuro judicial incierto

El rechazo de la apelación implica que Pedro Castillo seguirá privado de su libertad mientras continúan las investigaciones y los juicios en su contra. El caso del exmandatario ha generado gran interés nacional e internacional, al tratarse del primer expresidente peruano en intentar disolver el Congreso de forma inconstitucional desde el regreso a la democracia.

En medio de una crisis política sostenida, el caso de Castillo representa un punto de inflexión sobre los límites del poder presidencial en el Perú, y sobre la respuesta institucional frente a intentos de ruptura del orden constitucional.

La permanencia en prisión del exmandatario también marca un precedente para futuros procesos de rendición de cuentas a los altos funcionarios del país.