En medio de un clima político marcado por la tensión institucional y cuestionamientos al respeto de los derechos humanos, el primer ministro Eduardo Arana Ysa propuso al Congreso la creación de una comisión para evaluar la continuidad del Perú en el Pacto de San José, el tratado que dio origen a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). El anuncio se dio durante su presentación oficial ante el Pleno por el pedido del voto de confianza.
“Conscientes de que la permanencia del Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es de sumo interés para el Congreso y la ciudadanía, propongo la creación de una comisión integrada por el Ejecutivo, Legislativo, sociedad civil, academia y organismos competentes para proponer una decisión consensuada”, declaró Arana.
El planteamiento genera controversia no solo por su implicancia internacional, sino porque contradice la postura que el propio Ejecutivo sostuvo en 2023, cuando Arana era ministro de Justicia. En ese entonces, el gobierno de Dina Boluarte observó un proyecto del fujimorismo que promovía la evaluación de la permanencia del país en dicho sistema internacional.
Un giro que favorece al Congreso
La nueva postura del premier abre la puerta a que bancadas como Fuerza Popular y Renovación Popular —críticas del rol de la Corte IDH— impulsen una agenda para debilitar o incluso romper los lazos con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Diversas organizaciones de derechos humanos han advertido que esta posibilidad socava la institucionalidad democrática y pondría al Perú en el radar internacional por vulneraciones a compromisos multilaterales.
Además, la propuesta se da un día después de que el Congreso aprobara en primera votación una polémica ley de amnistía para militares y policías procesados por violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno (1980–2000), lo cual ha sido considerado un grave retroceso por expertos en derecho internacional.
Contradicciones del Gobierno de Dina Boluarte
La propuesta de Arana también debilita el discurso internacional del propio gobierno de Boluarte. En febrero de 2024, el entonces ministro de Justicia viajó junto al canciller Elmer Schialer a Washington para reafirmar el compromiso del Estado peruano con la Corte IDH durante una reunión de alto nivel con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
No obstante, meses después, Arana defendió públicamente el indulto a Alberto Fujimori, una medida que fue rechazada por la Corte IDH y considerada un desacato del Estado peruano. “Desde el Ejecutivo no vamos a permitir intromisiones a la soberanía jurídica nacional e internacional”, declaró en su momento, en una frase que anticipaba el tono del discurso que hoy impulsa desde la PCM.
Salir del Pacto de San José podría suponer un peligro
Diversos sectores de la sociedad civil, abogados constitucionalistas y organismos defensores de derechos humanos han alertado que una salida del Perú del Pacto de San José supondría un retroceso histórico en materia de justicia y reparación para las víctimas de crímenes de Estado. Además, señalaron que el retiro unilateral del sistema podría desencadenar sanciones internacionales y aislamiento político en la región.
Esta iniciativa también levanta sospechas sobre una posible estrategia coordinada entre Ejecutivo y Legislativo para garantizar impunidad en casos emblemáticos como Barrios Altos, La Cantuta y otros que involucran a altos mandos militares.
Mientras tanto, la ciudadanía y la comunidad internacional observan con atención la evolución de esta propuesta, que pone en juego la permanencia del Perú en uno de los principales organismos de protección de derechos humanos del continente.
