La Ley 32181, que modificó el Código Penal para permitir que mayores de 80 años cumplan condena fuera de prisión por motivos “humanitarios”, vuelve al centro del debate público. Aunque inicialmente fue señalada como una norma diseñada para beneficiar al fallecido exdictador Alberto Fujimori en el caso Pativilca, su primer beneficiado concreto podría ser su exasesor y operador de inteligencia, Vladimiro Montesinos.
Según reveló el abogado César Pacheco en una entrevista con Infobae, ya se presentó ante el Poder Judicial la solicitud para que Montesinos, quien acaba de cumplir 80 años, sea excarcelado en base a esta ley. El defensor legal fue enfático: “Todos los sentenciados que tengan 80 años se van libres. Así dice la ley y la ley se cumple al pie de la letra”.
¿Qué dice la Ley 32181?
La norma, aprobada por el Congreso de la República y promulgada por la presidenta Dina Boluarte, establece que los condenados mayores de 80 años pueden acceder a una pena no privativa de libertad, como comparecencia con restricciones o, en algunos casos, detención domiciliaria. El argumento central es el respeto a la dignidad humana en la vejez, pero ya genera controversia cuando se aplica a figuras con antecedentes graves como Montesinos.
El abogado Pacheco fue más allá y señaló que Montesinos no aceptará una detención domiciliaria, exigiendo su libertad bajo reglas de conducta. “Está incomunicado en la Base Naval del Callao. No hay razón legal para que permanezca en esas condiciones”, denunció.
Las condenas de Vladimiro Montesinos: ¿cómo se verán afectadas?
Montesinos cumple actualmente dos sentencias en paralelo:
- 25 años por la masacre de Barrios Altos, con fecha de culminación en junio de 2026.
- 20 años por la desaparición forzada y homicidio de Fortunato Gómez Palomino, hasta diciembre de 2031.
En 2021, la Corte Suprema rechazó su pedido de sumar ambas penas para cumplir solo la más larga. No obstante, su defensa insiste en que la lógica aplicada por el Tribunal Constitucional (TC) en el caso del exjefe del SIE, Juan Rivero Lazo, crea un nuevo precedente.
El TC, en diciembre de 2024, ordenó la excarcelación de Rivero Lazo, condenado por el mismo caso, señalando que en 1992 —año en que ocurrió el crimen— no estaba vigente el tratado internacional sobre desaparición forzada como delito permanente y que el Código Penal de ese año permitía la refundición de penas.
El debate se intensifica, pues muchos consideran que la ley podría abrir la puerta a una ola de liberaciones de personajes condenados por crímenes de lesa humanidad durante el régimen fujimorista. Críticos aseguran que el uso de beneficios humanitarios no puede aplicarse a delitos graves y sistemáticos, pues se corre el riesgo de caer en impunidad legal.
Pacheco, por su parte, insiste en que su defendido fue víctima de venganza política por su rol en la lucha contra el terrorismo. “Acá todo es venganza”, declaró al medio.
Decisión la tendrá el Poder Judicial
La decisión está en manos del Poder Judicial, que deberá evaluar si Vladimiro Montesinos califica para este beneficio. Además, hay un amparo en curso presentado por la defensa para que se dé por cumplida su pena mayor en 2026.
El caso marcará un hito, no solo por tratarse de una figura emblemática del autoritarismo peruano, sino porque sentará un precedente judicial que podría replicarse con otros condenados por violaciones de derechos humanos.
