El Congreso de la República avanza con una controvertida iniciativa que podría abrir las puertas a la impunidad. La Comisión de Constitución, presidida por el fujimorista Fernando Rospigliosi, aprobó con 15 votos a favor, 3 abstenciones y 6 en contra, un predictamen que propone otorgar amnistía a policías, militares y miembros de comités de autodefensa por actos cometidos entre 1980 y 2000, en el marco del conflicto armado interno. La propuesta ha sido impulsada por el congresista Jorge Montoya (Renovación Popular) y cuenta con el respaldo de bancadas conservadoras.
El argumento central de los promotores de esta ley es que se busca proteger a quienes combatieron al terrorismo. Sin embargo, la medida ha generado fuerte rechazo por parte de organizaciones de derechos humanos, especialistas legales y sectores políticos críticos. La principal preocupación es que el texto no establece límites claros sobre qué conductas quedarían amparadas por la amnistía, lo que podría traducirse en impunidad para delitos de lesa humanidad.
El congresista Alex Flores, de la Bancada Socialista, se manifestó enérgicamente contra la propuesta. “Caso Accomarca, Putis, las fosas comunes en Ayacucho que no se exhumaron, y los responsables siguen impunes. ¿Y se pretenderá dar amnistía?”, cuestionó durante el debate. Asimismo, subrayó que su bancada rechaza tanto el terrorismo como el terrorismo de Estado, exigiendo justicia para las víctimas del conflicto.
Organizaciones sociales en contra de cuestionada iniciativa
Diversas organizaciones de derechos humanos, incluida la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), alertan que el predictamen no excluye explícitamente crímenes como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales o torturas. Según estas entidades, de aprobarse, la norma podría vulnerar los compromisos internacionales del Perú en materia de derechos humanos y contravenir estándares de justicia transicional.
El trasfondo político de la iniciativa también ha sido duramente cuestionado. Cabe recordar que Fernando Rospigliosi, actual presidente de la Comisión de Constitución, defendió en una columna publicada en el diario Expreso al comandante Raúl Prado Ravines, sentenciado por liderar un escuadrón de la muerte, y afirmó que su condena fue producto de un “montaje” orquestado por fiscales y la “mafia caviar”. Ahora, su impulso a este proyecto refuerza las críticas sobre un intento deliberado de blindar a agentes estatales involucrados en casos similares.
El texto del predictamen establece que no podrán abrirse ni continuarse procesos penales contra policías, militares y comités de autodefensa por acciones cometidas durante el combate al terrorismo. Sin embargo, al carecer de una definición precisa de los límites de esa protección legal, se abre un amplio margen para la interpretación que podría dejar a las víctimas sin acceso a la verdad, justicia y reparación.
Congresistas defienden proyecto de ley
Por su parte, los defensores de la propuesta argumentan que esta es una “deuda pendiente” con quienes arriesgaron sus vidas en defensa de la nación y denuncian una supuesta “persecución judicial” contra ellos. No obstante, especialistas advierten que una amnistía sin filtros adecuados no solo debilitaría el Estado de derecho, sino que también expondría al país a eventuales demandas ante tribunales internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
A pesar de las críticas, el predictamen aprobado en comisión aún deberá ser debatido y votado en el Pleno del Congreso. De prosperar, implicaría un cambio radical en la política de justicia transicional del Perú y podría tener profundas repercusiones en la relación del país con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
El debate sobre esta ley pone nuevamente en el centro de la agenda nacional la tensión entre el deber de proteger a los servidores del Estado y la obligación de garantizar justicia para las víctimas de uno de los periodos más oscuros de la historia peruana.
