Este jueves 12 de junio, el pleno del Congreso de la República decidió otorgar la confianza al gabinete ministerial liderado por el premier Eduardo Arana Ysa, quien desde tempranas horas se presentó al hemiciclo principal para exponer las políticas de gobierno que desea implementar en lo que queda de la gestión de Dina Boluarte.

En ese sentido, 60 legisladores decidieron otorgarle el voto de investidura al presidente del Consejo de Ministros por lo que Boluarte Zegarra no tendrá la tarea de conseguir a un nuevo titular de la PCM. Sin embargo, este nuevo gabiente obtuvo una votación mínima debido al rechazo de algunos parlamentarios quienes se mostraron en desacuerdo con las acciones implementadas por el presente Gobierno.

El debate por el voto de confianza al gabinete liderado por el primer ministro Eduardo Arana Ysa expuso la creciente fractura entre el Ejecutivo y el Congreso. Parlamentarios de distintas bancadas manifestaron su rechazo al discurso del premier, cuestionando tanto su falta de propuestas efectivas como las contradicciones respecto a temas clave como la permanencia del Perú en el Pacto de San José.

Durante su exposición ante el Pleno del Congreso, Arana presentó como una de sus principales propuestas la creación de una comisión multisectorial para evaluar la continuidad del Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, conocido como el Pacto de San José. Sin embargo, esta propuesta generó más críticas que respaldo.

El primer punto de tensión fue la incongruencia del propio Arana, quien en 2023, cuando era ministro de Justicia, observó un proyecto de ley impulsado por la Comisión de Constitución que buscaba precisamente lo mismo: evaluar la permanencia del país en dicho tratado internacional. Aquella propuesta fue impulsada por el fujimorismo, mismo grupo parlamentario que hoy respaldó mayoritariamente el voto de confianza.

La contradicción fue notoria para varios congresistas, quienes señalaron que este giro no responde a una convicción técnica o política seria, sino a una concesión al fujimorismo y sus aliados, justo después de la aprobación en primera votación de una controvertida ley de amnistía para militares y policías procesados por violaciones a los derechos humanos.

Críticas desde diferentes frentes

El congresista Alejandro Muñante, de Renovación Popular, fue claro en su rechazo. Argumentó que el Ejecutivo no ha implementado ninguna de las propuestas solicitadas por su bancada, particularmente en lo que respecta a la lucha contra la inseguridad ciudadana.

“No se ha implementado nada de lo que pedimos. El principal problema es la inseguridad ciudadana y no vemos acciones concretas del Gobierno. Por eso, rechazamos el voto de confianza”, afirmó el legislador de Renovación Popular.

Por otro lado, Guillermo Bermejo (JP – Voces del Pueblo) aprovechó el espacio para cuestionar no solo la postura del premier, sino también la legitimidad del gobierno de Dina Boluarte.

“Ahora pide unidad el ministro, pero cuando tenían todos los tentáculos, avasallaban a sus contendores y el insulto era su bandera. Este país no soporta más a la señora Boluarte, esperemos que se active el proceso de vacancia”, declaró en el Pleno.

La falta de confianza en el Ejecutivo fue evidente en las votaciones y en los discursos. A pesar de haber recibido el respaldo de algunas bancadas —entre ellas Fuerza Popular—, el gobierno continúa perdiendo legitimidad ante la opinión pública y sectores del Legislativo.

Pacto de San José y el debate de fondo

La propuesta de Arana para crear una comisión que evalúe la permanencia del Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos fue vista por diversos analistas como un intento de apaciguar a grupos conservadores, pero también como un peligroso debilitamiento del sistema democrático y del respeto a los derechos humanos en el país.

El tema se vuelve aún más polémico al coincidir con la reciente aprobación en primera votación de la ley de amnistía, que podría beneficiar a militares sentenciados por crímenes durante el conflicto armado interno (1980–2000), lo cual contraviene compromisos internacionales del Estado peruano.