El abogado penalista Miguel Pérez Arroyo se pronunció sobre las recientes controversias en torno al proceso electoral, advirtiendo que las deficiencias detectadas no constituyen un delito de fraude electoral ni justifican la anulación de los comicios.

Según el especialista, las irregularidades registradas representan menos del 0.3% del total del proceso, un margen que, en términos técnicos, se considera dentro de parámetros tolerables si se compara con procesos electorales anteriores en el país. En ese sentido, cuestionó que algunos sectores busquen “criminalizar” estos hechos, calificando dicha postura como irresponsable.

“Pensar en un delito de fraude electoral para pretender anular el proceso (…) me parece irresponsable”, afirmó para el portal investiga al señalar que este tipo de interpretaciones distorsionan el sistema jurídico electoral y generan confusión en la ciudadanía.

El análisis comparativo refuerza su postura. En las elecciones generales de 2021, la tasa de mesas no instaladas fue de apenas 0.02%, mientras que en el proceso reciente alcanzó aproximadamente el 0.2%. Aunque se trata de un incremento, el penalista sostiene que sigue siendo una cifra reducida y focalizada en distritos específicos de Lima, como Pachacámac, Lurín y San Juan de Miraflores.

Desde su perspectiva, la respuesta institucional frente a estas fallas debe ser de carácter administrativo y funcional, priorizando la corrección de errores logísticos antes que la judicialización del proceso. Esto implica revisar procedimientos internos y responsabilidades en la organización electoral, sin recurrir a medidas extremas como la anulación de elecciones.

Uno de los puntos más críticos señalados por el especialista es la contratación de la empresa Galaga, encargada del traslado del material electoral. Pérez Arroyo indicó que esta compañía contaba con antecedentes de incumplimientos contractuales, lo que, a su juicio, la hacía inelegible para asumir una responsabilidad de alcance nacional.

Pérez Arroyo cuestiona declaraciones de Piero Corvetto

En esa línea, cuestionó las declaraciones del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, quien señaló ante el Congreso que las decisiones de contratación correspondían a niveles gerenciales inferiores. Para el penalista, este argumento resulta insuficiente, considerando el nivel de responsabilidad del cargo.

“El deber de cuidado de un funcionario de esta jerarquía debe ser mayor”, enfatizó, al referirse a la importancia de supervisar adecuadamente procesos críticos como la logística electoral, que tienen impacto nacional e incluso internacional.

En cuanto a posibles sanciones, explicó que la destitución de Corvetto requeriría un procedimiento formal ante la Junta Nacional de Justicia, lo que implica una evaluación institucional compleja. Asimismo, precisó que la suspensión enfrenta limitaciones constitucionales, ya que el jefe de la ONPE no está incluido entre los altos funcionarios contemplados en el artículo 99 de la Constitución.

Como alternativa para garantizar la estabilidad del sistema electoral, Pérez Arroyo planteó que la Secretaría General de la ONPE podría asumir de manera excepcional la conducción de la institución, asegurando la continuidad operativa en un contexto clave, especialmente ante la inminente segunda vuelta electoral.

El especialista concluyó que el enfoque debe centrarse en fortalecer la institucionalidad y corregir fallas, evitando discursos que puedan socavar la confianza en el proceso democrático. En un escenario de alta polarización política, subrayó la importancia de actuar con responsabilidad y apego al marco legal.