Un total de 144 alcaldes distritales de zonas rurales y de alta pobreza denunciaron públicamente haber sido obligados por el Gobierno de Dina Boluarte a desplazarse hasta Lima solo para firmar un documento, trámite que, según sostienen, pudo haberse realizado de manera virtual.

Las autoridades manifestaron su malestar e indignación, ya que los costos de traslado y viáticos fueron asumidos íntegramente por ellos mismos, muchos de los cuales provienen de localidades donde el presupuesto es extremadamente limitado.

“Es una falta de respeto al pueblo más alejado, más pobre, más necesitado de nuestro Perú. No hay movilidad para llegar a Lima a tiempo, no hay avión. Pudiendo hacerlo acá, pero no. Nos dijeron que si no íbamos perderíamos el acuerdo (con el Estado). Nosotros hemos tenido que hacer gastos en un tiempo récord. Es un insulto al pueblo”: así expresó su malestar uno de los alcaldes, quien prefirió reservar su identidad para evitar posibles represalias contra el distrito que lidera.

Viajes de dos días y gastos personales

Los testimonios recogidos por el programa Punto Final evidencian las difíciles condiciones que enfrentaron muchos de los alcaldes para cumplir con la convocatoria. Algunos tuvieron que viajar durante dos días por tierra, enfrentando riesgos y sin apoyo económico estatal.

“Uno viaja pudiendo perder la vida. Y nadie subvenciona los gastos. Yo vengo de un distrito pobre”, comentó otro de los burgomaestres afectados.

La cita se dio el 15 de mayo de 2025 en Palacio de Gobierno, pero la convocatoria oficial fue enviada apenas tres días antes, el 12 de mayo, mediante un oficio del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

¿Protocolo o marketing?

El evento fue organizado por el programa Llamkasun, una iniciativa del MTPE que brinda fondos para empleos temporales en zonas de pobreza extrema. En años anteriores, los convenios se firmaban en las 22 oficinas zonales del programa distribuidas por todo el país. Sin embargo, en esta edición, se obligó a que la firma sea presencial en Lima.

La directora del programa, Jessica Tumi, intentó justificar el cambio alegando que se trataba de “proyectos de inversión” y que la firma debía ser presencial. No obstante, el oficio enviado contradice esa postura, al señalar que la presencia del alcalde y de un funcionario municipal era requisito para iniciar la transferencia financiera a las comunas.

“El evento tiene como objetivo visibilizar las acciones del gobierno central”, se lee claramente en el documento oficial, lo que dejaría entrever una intención más política que técnica detrás del evento.

Foto oficial y molestia generalizada

Durante el evento, la presidenta Dina Boluarte posó sonriente junto a los alcaldes, quienes, pese al cansancio y al descontento, tuvieron que participar del protocolo. La imagen fue difundida ampliamente en las redes sociales del Estado, como muestra de una supuesta articulación entre el Ejecutivo y las autoridades locales.

“Nos usaron para una foto. No importó cuánto gastamos ni lo que nos costó llegar. Lo único que querían era marketing”, sostuvo otro alcalde afectado.

Este episodio ha generado una oleada de críticas al Gobierno de Dina Boluarte, por lo que se percibe como un uso arbitrario del poder para fines propagandísticos, afectando directamente a autoridades locales que lideran comunidades en situación vulnerable.

Organizaciones sociales y analistas políticos han comenzado a cuestionar la legitimidad de este tipo de convocatorias presenciales, especialmente en un país con amplias brechas digitales y geográficas, donde la virtualidad debería ser una herramienta clave para la inclusión y eficiencia del Estado.