El abogado penalista Miguel Pérez Arroyo se refirió a la situación por la que atraviesa la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) luego de que fuera cuestionada por diferentes sectores de la ciudadania en el retraso de instalación de mesas de sufragio y por encontrarse material del mismo en el distrito de Surquillo.
Pérez Arroyo manifestó que las responsabilidades penales deben ser evaludas en las últimas etapas y que por el contrario se deberían priorizar las administrativas. Además, calificó como “irresponsable” los actos de algunos candidatos a la Presidencia de la República de exigir la anulación de las elecciones generales que se llevaron a cabo el 12 de abril.
“Cuando se producen eventos de esta naturaleza lo que uno se tiene que preguntar es ¿cuáles son las responsabolidades a las que se enfrenta un funcionario? Y las responsabilidades penales siempre deben ser las últimas. Y las primeras siempre deben ser las administrativas, técnico funcionales. Pensar en este momento de un delito fraude-electoral o delito electoral en toda su magnitud para pretender el proceso electoral como lo estan haciendo algunas personas me parece que es irresponsable”, comentó el letrado en RPP Noticias.
Establecer que Piero Corvetto haya cometido delito es prematuro, indica Miguel Pérez Arroyo
Miguel Pérez Arroyo comentó que la norma no impide que el titular de la ONPE sea removido por falta grave, pero recalcó que sería prematuro señalar que Piero Corvetto haya cometido un delito. Agregó que las autoridades competentes han cometido un error en detener a un funcionario de la institución.
“La norma no impide que sea removido por grave falta o falta grave, pero apartir de ahí establecer que existe delito es obviamente prematuro o también ha sido demasiado prematuro la detención de un funcionario de la ONPE en su momento. Yo lo que digo es que no es indicado (detención a Piero Corvetto) y lo que digo también es que desde la perspectiva del delito electoral o delito de fraude que podría tener una magnitud anulatoria del proceso”, sostuvo.
El letrado también se refirió a la empresa Gálaga quien fue la encargada de trasnsportar el material electoral a los diferentes locales de votación. Pérez criticó a la ONPE que a pesar de los antecedentes y críticas que ha tenido la compañía, dicha institución decidió contar nuevamente con sus servicios pese a las advertencias.
“El tema de cómo esta empresa (Gálaga) gana este proceso. Lo que sorprende es todos los antecedentes que ha tenido, porque una empresa que ha sido sancionado que ha sido multada y al parecer que ha tenido penalidades sobre la base de incumplimientos en los contratos que ha llevado antes. Entonces, una empresa que ha tenido penalidades definitivamente debe ser excluida del cargo o frente a competencias que pudieran significar un nivel de mayor conveniencia para los efectos del contrato debe ser seleccionada la otra y no esta empresa”, manifesto.
La suspensión del jefe de la ONPE puede ser una salida legal
El abogado Pérez Arrayo comentó que la suspensión al actual jefe de la ONPE puede ser una salida legal. No obstante, subrayó que la destitución sería lo ideal, pero tomará su tiempo y podría suponer un riesgo político a quien ponen como nueva cabeza de la institución debido a que el país se encuentra inmerso en un proceso electoral.
“La suspensión puede ser una salida legal, pero hay que entrar en un tema concreto él (Piero Corvetto) es suceptible a una infracción constitucional. La suspensión como sanción política es una sanción que creo está restringida para los altos funcionarios y el jefe la ONPE no está dentro de ese ámbito de funcionarios. Entonces, la salida directa sería una destitución como decimos, pero toma su tiempo y los riesgos políticos de quién ponen después en pleno proceso electoral elegir a un nuevo jefe de la ONPE. Veería viable que alguien dentro de la institución asuma el cargo”, finalizó.
