En medio de la controversia por el caso del llamado “Escuadrón de la Muerte”, el Ministerio del Interior ha generado críticas al destinar S/50.000 para cubrir la defensa legal del comandante en retiro de la Policía Nacional del Perú (PNP), Raúl Prado Ravines.

Se trata de un exoficial, condenado a 35 años de prisión por homicidio calificado y asociación ilícita para delinquir, se encuentra actualmente en la clandestinidad y figura entre los delincuentes más buscados del país.

El programa ‘Los más buscados’ de la PNP ofrece una recompensa de S/100.000 por información que permita capturarlo. Sin embargo, esta nueva decisión del Ministerio del Interior, encabezado por el ministro Juan José Santiváñez, ha suscitado cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos para defender a una persona declarada culpable y considerada prófuga de la justicia.

Raúl Prado Ravines es acusado de ser el cabecilla del “Escuadrón de la Muerte”, un grupo conformado por oficiales y suboficiales de la PNP, tanto en actividad como en retiro, que entre 2012 y 2016 habría perpetrado ejecuciones extrajudiciales de al menos 33 presuntos delincuentes en Lima y otras regiones. Según las investigaciones de la Fiscalía, los miembros de esta organización simulaban situaciones delictivas para llevar a cabo operativos en los que asesinaban a las víctimas. Estos operativos buscaban generar una imagen de “éxito policial” para obtener incentivos como ascensos, condecoraciones y reconocimiento público.

En consecuencia, el Ministerio del Interior convocó a un concurso público para contratar un bufete que asumiera la defensa de Prado Ravines por un monto de S/50.000. La licitación fue adjudicada a la firma Abanto Verástegui Arce Abogados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, el único postor en presentarse. Esta decisión ha generado un fuerte debate, dado que el Ministerio estaría utilizando recursos estatales para defender a un ex funcionario condenado por graves crímenes y en situación de fuga.