La reciente desgracia, ocurrida en el Real Plaza de Trujillo; al que de ninguna manera puede calificarse de «accidente» (ya el Ingeniero Boris García que participó de la construcción de ese establecimiento comercial ha señalado no solo que los dueños estaban informados de las deficiencias en la construcción del techo recientemente desplomado; sino que, hace apenas unas semanas trataron de solucionar las deficiencias que ya se advertían); ha puesto de manifiesto, por enésima vez, que el Estado como tal; a través de las instituciones de los tres niveles de gobierno no solo ha abandonado al país; sino, desamparado a los más necesitados.

Hace apenas algunas semanas se desplomó el Puente de Chancay; parte de un techo de un Colegio Profesional en momentos en que se desarrollaba (paradójicamente) una sesión de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República (tremendo nombre, pero con muy poco sustento); diversos Colegios del interior del país se encuentran en completo abandono a muy pocos días del inicio del año escolar, con aulas y techos destruidos por la inclemencia de la desigualdad económica y social; todo dentro del, por supuesto interesado, abandono de las funciones de supervisión que les correspondía ejercer a los funcionarios públicos correspondientes.

Mientras éste abandonó se plasma en inacciones funcionales, los muy poco productivos inquilinos de la Plaza Bolívar, se preocupaban de aprobar y/o propiciar iniciativas legislativas mediante las que; o, se prohibía la clausura de establecimientos comerciales (así presentarán deficiencias como las que causaron la reciente tragedia de Trujillo) con orden perentoria de reapertura incluida; o, que pretendían prorrogar de manera indeterminada las labores inspectivas de seguridad; que, no tanto por vergüenza, sino para evitar mayor señalamiento ciudadano, por lo menos una de ellas, se apuró en retirar.

Evidentemente, éstas «preocupaciones» no estarían motivadas por el bienestar y seguridad mayoritariamente de la población; sino, por el deseo de favorecer a grupos minoritarios (en número), pero grandes en poder económico.

Eso también forma parte del techo de la corrupción e impunidad, que debemos hacer caer.

No debemos, ni podemos continuar como simples espectadores de éste abandono de un Estado, cuyas autoridades viven y disfrutan de jugosos sueldos, grandes comodidades y hasta prostitutas pagadas con nuestro dinero.