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Congreso: ¿quiénes son los parlamentarios que presentaron un proyecto para anular investigaciones?

Proyecto de Heidy Juárez ha causado polémica en el Congreso por la propuesta de cambiar artículos del Código Procesal Penal.

Un gran revuelo ha causado la presentación de un proyecto de ley, el cual propone que las pruebas, las cuales hayan sido obtenidas de manera ilícita inmediatamente el juicio contra los investigados, deberá ser anulado. Además, con la posible aprobación en el pleno del Congreso de la República se modificaría el Código Procesal Penal.

En esa línea, este último martes 25 de febrero la congresista de la bancada de Podemos Perú, Heidy Juárez, presentó dicha iniciativa, la cual no tardó en generar reacciones en los pasos perdidos del Legislativo y en expertos en material penal.

La integrante de la bancada liderada por José Luna Gálvez plantea que los artículos VII.2 y 159 del Código Procesal Penal se indiquen que si los investigadores obtiene elementos de origen ilegal, el proceso debe ser declarado nulo por el Poder Judicial.

«Si tiene su origen en prueba directa o indirecta de la violación de derechos fundamentales de la persona”, se lee parte del documento presentado en mesa de partes del Legislativo y en la propia página web.

En ese sentido, la exmiembro de APP cita a jurisprudencia extranjera y aseguró que existen procesos que han sido anulados bajo dicha perspectiva. La parlamentaria busca que esta idea sea añadido a la ley con el objetivo de proteger los derechos fundamentales de los investigados.

¿Quiénes son los parlamentarios que firmaron polémico proyecto de ley?

El mencionado proyecto de ley fue firmado por congresistas, quienes actualmente se encuentran investigados por el Ministerio Público en polémicos casos que ha tenido el presente Parlamento Nacional. Tal es el caso del líder de Podemos Perú, José Luna Gálvez, quien se encuentra bajo el proceso de investigación por pertenecer a una presunta organización criminal.

En esa línea, se encuentra el expresidente del Consejo de Ministros durante el Gobierno de Pedro Castillo, Guido Bellido, quien es investigado por obstrucción a la justicia y afiliación terrorista. José Arriola, legislador, quien fue criticado de presuntamente haber recortado el sueldo a sus trabajadores de su despacho. En su caso, la Fiscalía lo acusa de presuntamente hacer cometido el delito de concusión.

Kira Alcarraz, colega de bancada de Heidy Juárez, es investigada por el Ministerio Público por el presunto delito de cohecho pasivo propio. Edgar Tello, del bloque magisterial, es acusado por las autoridades de también haber recortado el sueldo a sus trabajadores-

Darwin Espinoza, de Acción Popular, es investigado por el presunto hecho punible de cohecho activo genérico y concusión. Luis Picón, congresista, quien fue sentenciado por negociación incompatible, también forma parte de las personas quienes firmaron el polémico proyecto de ley.

Por último, la congresista quien presentó dicha iniciativa, Heidy Juárez, es investigada por la Fiscalía por posiblemente haber cometido el delito de cohecho pasivo propio.

Congresistas buscarían impunidad, afirman expertos

El abogado penalista Luis Vargas Valdivia manifestó que la congresista Heidy Huárez estaría buscando con su proyecto de ley afectar a los procesos. Es decir, se intentaría obtener «impunidad».

“La Corte Suprema ha desarrollado larga jurisprudencia con respecto a este tema (…) La prueba prohibida contiene una serie de excepciones (…) La consecuencia es su no valoración o utilización en el proceso judicial y lo que pretende la congresista es extender esta invalidez a todo el proceso (…) Está buscando afectar los procesos para obtener impunidad. Es lo de siempre: la búsqueda de la impunidad. Este proyecto es una oda a la ignorancia, a lo que es la prueba prohibida y la prueba ilícita”, aseguró en conversación con el Diario El Comercio.

Para el letrado Vladimir Padilla, dicha norma permita traer abajo algunos procesos contra los congresistas investigados. Sostuvo que la iniciativa no puede tener nombre propio porque si ese fuera el caso, sería irregular.

«Probablemente se quieran tirar abajo algunos procesos. La norma no puede tener nombre propio, eso sería lo irregular, para que sea neutral deben precisar que eso se aplicará después», manifestó para dicho medio de prensa.

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