La Fiscalía decidió formalizar la acusación contra el expresidente de la República, Ollanta Humala, y a su esposa Nadine Heredia, en el marco de las investigaciones por el caso ‘Club de la Construcción‘. Según las autoridades fiscales, los imputados habrían armado un esquema para la adjudicación de obras públicas durante los años 2011-2016.

En ese sentido, el Ministerio Público ha solicitado al Poder Judicial que al exmandatario y a su esposa se le imponga una pena de 13 años de prisión efectiva por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y cohecho pasivo propio. Dicha medida también alcanza para otros 28 investigados y a 14 empresas.

Este último miércoles 19 de febrero, el integrante del Equipo Especial Lava Jato, Germán Juárez Atoche, hizo esta formalización en conferencia de prensa y mencionó que las pesquisas detallan que habría existido un sistema de presunta corrupción que involucra a exfuncionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, compañías y empresarios.

Vale precisar que el caso tiene 30 procesos de selección para la ejecución de obras públicas, de los cuales 23 fueron licitaciones y 7 concursos públicos. El Ministerio Público señala que los imputados habrían diseñado un esquema el cual garantizaba la asignación de contratos a determinadas empresas. Ello presuntamente alteró el proceso de competencia y favorecimiento a un grupo de compañías.

Asimismo, en la lista de acusados se encuentran exintegrantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Así como también empresarios del sector construcción. No obstante, se espera que las pesquisas avancen a las siguientes fases judiciales para determinar a los responsables penales.

Ollanta Humala: ¿Por qué la Fiscalía solicita 13 años de prisión para el expresidente?

La Fiscalía realizó dicho pedido debido a que considera, que el exjefe de Estado habría cometido los presuntos delitos de cohecho pasivo propio y asociación ilícita para delinquir. En el caso de su esposa, la pena asciende a 26 años y medio de prisión, debido a que las autoridades le imputan el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado.

El representante del Ministerio Púbico, Juárez Atoche solicitó distintas penas de prisión para los otros 28 acusados, donde se encuentran empresarios y exfuncionarios del Estado. Mientras que en el caso de las compañías investigadas, la Fiscalía ha pedido sanciones económicas y la posible inhabilitación para participar en próximos concursos públicos.

Según la investigación del MP, el ‘Club de la Construcción‘ era un grupo de empresas las cuales se unieron para que, en complicidad con funcionarios, se habría repartido de manera irregular distintas iniciativas de infraestructura a cambio de pagos ilícitos.

Líneas arriba se había descrito que dicho grupo de empresas se basaba en la manipulación de procesos de selección de obras públicas. Las compañías acusadas habrían acordado entre ellas quién ganaba determinado procedimiento, mientras que las demás realizaban simulaciones de competencia. No obstante, posiblemente se habrían realizado presuntos pagos ilícitos a integrantes del MTC.

Las indagaciones sostienen que el esquema de corrupción operó entre los años 2011 y 2014 durante el Gobierno de Ollanta Humala, En dicho periodo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones habría sido clave en la asignación de obras a las empresas involucradas

El grupo fiscal encargado de investigar este caso, sostiene que distintos altos funcionarios del MTC facilitaron dicho esquema, permitiendo que el denominado ‘Club de la Construcción’, se beneficiara con contratos multimillonarios. Asimismo, los pagos ilícitos se habrían dado a través de intermediarios y cuentas bancarias en el extranjero.

Ollanta Humala ¿qué otros procesos enfrenta el expresidente?

Vale recordar que esta investigación no es la única que enfrenta el exmandatario debido a que también tiene un juicio oral por presuntos aportes ilegales los cuales habría recibido de las empresas brasileñas Odebrecht, OAS y del Gobierno de Venezuela para sus campañas presidenciales de 2006 y 2011.

El Ministerio Público ha pedido por este caso una pena de aproximadamente 20 años de prisión para el exmandatario y 26 años y medio para Nadine Heredia por el presunto delito de lavado de activos.