El suceso inició cuando la Fiscalía provincial, en su momento, se allanó al control de plazos solicitado por la defensa, siendo que el juez dictó auto, declarando fundado el control de plazo y ordenando se cierre la investigación.

Posteriormente, la fiscalía dictó disposición de cierre de investigación preparatoria y de archivo por no encontrar elementos típicos de la conducta denunciada. En buena cuenta por encontrar que se trataban de hechos atípicos. Sin embargo, la Fiscalía Superior, ante la elevación de actuados formulado por la procuraduría del Estado, ordenó practicar nuevas diligencias, ampliando el plazo de investigación preparatoria. 

Dicha ampliación, a criterio de la defensa técnica, era ilegal, pues esto ya había sido materia de resolución judicial firme que no debía ser ignorada por el órgano persecutor fiscal. 

El juez de garantías, estimó por conveniente declarar fundada la tutela por infracción al principio de plazo legal, legalidad procesal e inmutabilidad de las resoluciones judiciales. 

Aun cuando lo resuelto fue apelado por la Fiscalía, es claro que un juez de garantías tiene las facultades de interdictar las resoluciones judiciales arbitrarias y eso fue lo que resolvió finalmente el Juez de investigación preparatoria de Ica, declarando fundado el pedido de la defensa.