Estas modificaciones tienen como objetivo principal adecuar la normativa a las disposiciones de la Ley 31740, que busca fortalecer las regulaciones anticorrupción y promover un buen gobierno corporativo entre las entidades nacionales y extranjeras que operan en el país.
Se amplía el catálogo de delitos que pueden llevar a la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas y se especifica que estas entidades deben implementar modelos de prevención orientados por su perfil de riesgo antes de la comisión de cualquier delito.
Además, el decreto incluye la obligación de que las personas jurídicas demuestren la efectividad de sus modelos de prevención mediante la presentación de informes técnicos ante la Superintendencia del Mercado de Valores.
Estas medidas están diseñadas para fomentar un entorno empresarial más responsable y menos susceptible a la corrupción, haciendo hincapié en la importancia de la autorregulación y el compromiso de todas las partes interesadas en el cumplimiento de las normativas establecidas.
