El Tribunal Constitucional (TC) decidió ampliar, por segunda vez, el plazo otorgado al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y al Ministerio de Justicia para que resuelvan el grave problema de hacinamiento en los centros penitenciarios del país. Ahora, el nuevo límite será el año 2030. Esta decisión responde a un pedido del Ejecutivo, que alegó dificultades económicas derivadas de la pandemia por COVID-19 y los estragos causados por el ciclón Yaku.
La sentencia, contenida en el expediente N.º 05436-2014-PHC/TC, fue adoptada con seis votos a favor y uno en contra. En ella, el TC considera que aún persiste un estado de cosas inconstitucional en las cárceles del Perú, debido al crítico nivel de hacinamiento, deficiencias estructurales, problemas sanitarios y fallas en los servicios básicos, incluyendo salud física y mental para la población reclusa.
Hacinamiento sin solución desde 2020
Fue el 20 de junio de 2020 cuando el TC emitió un fallo histórico, declarando que el hacinamiento penitenciario atentaba contra los derechos fundamentales de los internos. En esa ocasión, ordenó al Ministerio de Justicia y al INPE elaborar, en un plazo máximo de tres meses, un diagnóstico detallado de las cárceles afectadas, así como implementar medidas urgentes para solucionar el problema.
Sin embargo, en una resolución posterior, ese plazo inicial fue extendido cinco años, con vencimiento en junio de 2025. A pesar de ello, el problema persiste. Según cifras oficiales, el sistema penitenciario continúa operando muy por encima de su capacidad, lo que agrava las condiciones de vida de los reclusos y pone en riesgo su proceso de rehabilitación.
Gobierno de Dina Boluarte pidió prórroga por crisis económica
El 24 de abril de 2025, el Ministerio de Justicia solicitó formalmente una prórroga al TC. En el oficio presentado, se argumentó que la pandemia de COVID-19 y los daños provocados por el ciclón Yaku obligaron a una reasignación inmediata de recursos del Estado, priorizando el sector salud por encima de otros, como el penitenciario.
Posteriormente, el 9 de mayo, el procurador del Ministerio de Justicia envió un documento complementario solicitando formalmente la ampliación del plazo hasta el año 2030, con el objetivo de implementar un plan nacional de deshacinamiento y aplicar la Política Nacional Penitenciaria aprobada por el gobierno.
En su reciente fallo, el TC dispuso que la supervisión del cumplimiento de la sentencia se suspende hasta el 2030, pero estableció un mecanismo de monitoreo anual. El INPE y el Ministerio de Justicia deberán presentar cada mes de enero, hasta el 2030, un informe documentado con los avances concretos en el cumplimiento de la política penitenciaria nacional.
Estos informes servirán de base para que el TC decida si se están ejecutando las medidas necesarias o si se deben tomar decisiones adicionales para garantizar los derechos humanos de los internos en el país.
