El Gobierno de Dina Boluarte continúa ejecutando acciones que generan críticas en la opinión pública respecto a la posición que han tomado sus integrantes del Ejecutivo a las investigaciones que ha dispuesto la Fiscalía por presuntas irregularidades.
En ese sentido, este último miércoles 12 de marzo, el titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, informó en conferencia de prensa que la presidenta Dina Boluarte estaría planeando convocar a los integrantes del Consejo de Estado que las cabezas de las diferentes instituciones del Estado. Para que los mismos puedan conversar sobre las presuntas filtraciones de las carpetas fiscales que vinculan al presente Gobierno.
Conocido este anuncio, los medios de comunicación le recordaron al titular del MINJUSDH que se encuentra en la mira Ministerio Público debido a que tendría llamadas telefónica con los presuntos integrantes de la denominada organización criminal Cuellos Blancos del Puerto.
No obstante, Arana Ysa trató de responsabilizar a los medios de obtener información con diferentes casos que involucran al Poder Ejecutivo. El también abogado de profesión manifestó que estas acciones podrían generar una corriente de opinión a favor de distintos grupos de personas.
«Queremos expresar nuestra preocupación con respecto a las permanentes filtraciones que hacen desde el Ministerio Público con relación a los casos vinculados al Gobierno (de Dina Boluarte). La prensa tiene acceso a mucha información con los casos que, teóricamente, debería estar reservada o restringida para el fiscal o las partes, esta información es preocupante que está en mano de los medios o redes sociales, lo cual significa que el Ministerio Público tendría algún interés de que esta información sea sometida a escrutinio público», indicó Eduardo Arana.
Dina Boluarte: ¿qué investigaciones afronta la presidenta desde que asumió la presidencia?
Se ha conocido a través de los medios de comunicación y el Ministerio Público que la presidenta Dina Boluarte enfrenta actualmente ocho investigaciones, entre las que se destacan el denominado caso cofre. Esta pesquisa se abrió luego de un reportaje emitido por el programa periodístico Punto Final en el cual daban cuenta que el líder del partido político de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y actualmente prófugo de la justicia, habría utilizado el vehículo asignado al titular del Ejecutivo en funciones.
Además, la mandataria tiene que responder ante las autoridades fiscales respecto al presunto abandono de cargo que habría realizado en junio de 2023 cuando se habría sometido a operaciones estéticas y no por salud. Ante ello, la jefa de Estado emitió un pronunciamiento junto a sus ministros de Estado en Palacio de Gobierno en diciembre del año pasado, asegurando que las denuncias periodísticas eran falsas.
No obstante, un caso que traspasó el territorio nacional fue por el caso Rolex luego que el portal periodístico La Encerrona difundiera fotografías tomadas por el propio departamento de comunicaciones de Palacio de Gobierno donde se podía observar los relojes de alta gama que usó la jefa de Estado en medio de una grave crisis económica y de inseguridad ciudadana que atraviesa el país.
Este reportaje trajo una serie de contradicciones por parte de Dina Boluarte, quien en un primer momento aseguró que estos artículos fueron adquiridos producto de su esfuerzo y que cuando termine su mandato, saldrá de la casa de Pizarro «con las manos limpias».
Sin embargo, estas afirmaciones no fueron suficientes para calmar las críticas hacia la presidenta, ya durante varias semanas se tocó dicho tema hasta que el Ministerio Público anunció iniciar investigación contra Boluarte Zegarra por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de declaración de documentos.
El escándalo en Palacio de Gobierno no terminó con dicha disposición, ya que se conoció a nivel internacional que Boluarte fue la segunda jefa de Estado en funciones donde los agentes de la Diviac, en ese momento comandados por el coronel Harvey Colchado, y la Fiscalía allanaron Palacio de Gobierno.