En un comunicado emitido el 21 de enero, la organización expresó su preocupación por la falta de efectividad en la lucha contra el crimen organizado, demanda que es respaldada por un sector importante de la ciudadanía.
Diversas autoridades, como la congresista Norma Yarrow y el coronel en retiro Harvey Colchado, han criticado la gestión de Santiváñez, acusándolo de no tomar las medidas necesarias para frenar la violencia. Sin embargo, algunos especialistas sostienen que su permanencia en el cargo responde a su cercanía con la presidenta Dina Boluarte, lo que lo hace “inamovible” pese a las crecientes exigencias de su salida.
Transparencia también alertó sobre la reciente aprobación de normas por parte del Congreso que, en lugar de fortalecer, han debilitado la capacidad del Estado para enfrentar la criminalidad. Entre ellas, se destaca la derogación de la ley de detención preliminar en casos de no flagrancia, lo que ha permitido la liberación de presuntos delincuentes y ha generado un clima de mayor incertidumbre en materia de seguridad ciudadana.