El Colegio de Abogados de Lima (CAL) emitió un comunicado en el que acusa al gobierno de Dina Boluarte de intentar silenciar y amenazar a su Junta Directiva, tras una reunión virtual sostenida con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 26 de diciembre de 2024.

Según el pronunciamiento, la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia presentó una demanda contra el decano y otros directivos del CAL, argumentando que la reunión no contaba con la autorización de la Asamblea General. «El gobierno de la presidenta Dina Boluarte, a través de la Dirección General de Derechos Humanos, ha intentado amordazar y amedrentar a miembros de la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Lima», señala el documento.

Durante el encuentro con la CIDH, el decano y los directivos del CAL manifestaron su preocupación por la aprobación de normas consideradas inconstitucionales, que no han sido observadas por el Ejecutivo. Entre dichas normas, destacaron las modificaciones a la Ley de Crimen Organizado y los proyectos legislativos orientados a retirar al Perú de la jurisdicción de la CIDH.

El CAL subrayó que las acciones emprendidas por el Ministerio de Justicia vulneran principios esenciales como la libertad de expresión, el derecho a difundir ideas y las facultades legales de los colegios profesionales. Asimismo, lamentó que la presidenta Dina Boluarte, siendo abogada y exdirectiva de la institución, «desconozca las normas estatutarias e incurra a través de órganos del Poder Ejecutivo en amordazar y vulnerar la dignidad de colegas que ejercen su derecho constitucional de libertad de opinión y expresión ante lo que acontece en el país».