Este martes 20 de agosto, Dina Boluarte y otros funcionarios fueron denunciados por las muertes ocurridas durante las protestas de diciembre de 2022 y enero de 2023.
Un grupo de destacados políticos y juristas, incluyendo a Mirtha Vásquez, Harold Forsyth, Indira Huillca y Marisol Pérez-Tello, presentaron una denuncia formal contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, y otros altos funcionarios de su gobierno ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI). La denuncia, que tiene como base las muertes ocurridas durante las protestas sociales que comenzaron en diciembre de 2022, fue presentada en la sede de la CPI en La Haya, en cumplimiento con los requisitos establecidos por el Estatuto de Roma.
Mirtha Vásquez, expresidenta del Consejo de Ministros, compartió en la red social X (anteriormente Twitter) que la denuncia se enfoca en la búsqueda de justicia ante las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de Boluarte. Vásquez subrayó que no permitirán que estos crímenes queden impunes. Por su parte, la excongresista Indira Huilca señaló que la querella es por el asesinato de 49 personas y las lesiones de 344 manifestantes ocurridos entre diciembre de 2022 y enero de 2023, hechos que calificó como violaciones graves de los derechos humanos.
Los denunciantes indicaron que la presentación ante la CPI se realizó tras haber cumplido con todos los requerimientos legales y en estricto apego al derecho internacional y la legislación peruana. Esperan que la denuncia conduzca a la apertura de una investigación exhaustiva y a la aplicación de medidas cautelares si es necesario.
La denuncia está respaldada por informes categóricos de organismos internacionales y países como Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Australia, Nueva Zelanda, la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Los denunciantes sostienen que el Perú está atravesando una de las etapas más críticas de su historia, marcada por la severa afectación de los principios democráticos y violaciones a los derechos humanos que no pueden quedar en la impunidad.
Es importante recordar que el pasado 30 de julio, el Ministerio Público del Perú presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte y otros exfuncionarios de su gobierno ante el Congreso. Esta denuncia está relacionada con las muertes de más de 40 personas durante las protestas sociales de diciembre de 2022. Los implicados, incluyendo a los expresidentes del Consejo de Ministros, Pedro Angulo y Alberto Otárola, y exministros de Defensa y del Interior, son acusados de homicidio calificado y lesiones graves en el contexto de violaciones a los derechos humanos.
El Ministerio Público también informó que los hechos ocurrieron en varias regiones del país entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, resultando en 44 personas fallecidas y más de 100 heridos. Además, se han abierto 303 carpetas fiscales que involucran a 824 personas investigadas por diversos delitos relacionados con estas protestas.
