Un total de 39 familiares de 33 congresistas han registrado contratos con el Estado, desafiando la ley que hasta hace poco lo prohibía. Esta información proviene del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y de las declaraciones juradas de los propios parlamentarios.

Desde el 22 de abril, ya no existe restricción para que cónyuges, padres, hijos, hermanos, cuñados y suegros de los legisladores —hasta el segundo grado de consanguinidad— puedan contratar con entidades públicas, con la única excepción del Congreso de la República.

Esta flexibilización se debe a la entrada en vigencia de una modificación legal aprobada en mayo de 2024 por el propio Congreso, que derogó el impedimento previo en la Ley de Contrataciones.

“Ahora les abre el candado y los parientes de los congresistas van a poder contratar con gobiernos regionales, con municipalidades, con ministerios”, advirtió Roberto Benavides, experto en contrataciones estatales, en conversación con Canal N.

¿Quiénes se beneficiaron incluso antes del cambio?

A pesar de la norma anterior, varios familiares de legisladores seguían contratando con el Estado gracias a medidas cautelares del Poder Judicial. Casos emblemáticos:

• Familiares de Américo Gonza, Luis Picón y Roberto Chiabra mantuvieron contratos vigentes.
• La cuñada de Víctor Cutipa, el hermano de Kira Alcarraz y las hermanas de Edgar Tello firmaron contratos tras la elección de los congresistas.
• El hermano de José Luna Gálvez facturó S/ 54,000 entre 2023 y 2024.
• Dos familiares de Kelly Portalatino, como accionistas de una empresa, firmaron un contrato por S/ 138,000 con una municipalidad de Arequipa en 2024.

Acción Popular propuso proyecto que proponía eliminar restricciones de familiares de legisladores contratar con el Estado

En medio del debate sobre la reciente modificación legal que habilita a familiares de congresistas a contratar nuevamente con el Estado, surge un antecedente clave: el Proyecto de Ley N.º 07575/2023-CR, presentado en abril de 2024 por la bancada de Acción Popular, que buscaba flexibilizar las restricciones vigentes sobre contrataciones públicas de allegados a funcionarios.

Este proyecto, que pasó desapercibido en su momento para gran parte de la opinión pública, proponía eliminar las barreras que impedían a familiares de autoridades públicas establecer vínculos contractuales con entidades estatales. Entre los impulsores se encuentran los legisladores Luis Ángel Aragón Carreño, Wilson Soto Palacios, Jorge Flores Ancachi, Luis Cordero Jon Tay y Elvis Vergara Mendoza.

Varios de estos parlamentarios han sido relacionados con el caso ‘Los Niños’, una investigación fiscal que involucra presuntos actos de corrupción en el Congreso de la República. Según las indagaciones, algunos miembros de esta red habrían actuado como operadores políticos del Poder Ejecutivo a cambio de favores y beneficios personales, incluyendo influencias en ministerios y obras públicas.

Este contexto aumenta las sospechas en torno a las intenciones reales detrás de la propuesta de ley, ahora reflejada en la norma aprobada en 2025 que deroga la prohibición para que familiares de congresistas hasta el segundo grado puedan contratar con entidades estatales, con la única excepción del Congreso.

El desafío ahora radica en garantizar mecanismos de transparencia y fiscalización efectiva, que eviten que esta norma se transforme en un nuevo canal para el pago de favores o el beneficio de círculos familiares cercanos al poder legislativo.