Este martes 1 de abril, se conoció que la fiscal adjunta suprema provincial, Galinka Meza, renunció a ser integrante del Ministerio Público desde el 20 de marzo del presente año. Dicha dimisión no pasara desapercibida sino fuera porque Meza era la encargada de la Fiscalía de sustentar el pedido de prisión efectiva contra el expresidente de la República, Pedro Castillo, por los acontecimientos que se registraron el 7 de diciembre de 2022.
Esta renuncia ha causado sorpresa en diversos sectores de la sociedad, ya que el juicio contra el exmandatario inicio solo hace unas semanas y se tiene a la espera quien será el nuevo representante del Ministerio Público en sustentar las hipótesis que se habían presentado hasta la actualidad.
En ese sentido, en la resolución publicada este martes en el Diario Oficial El Peruano se precisa que Galinka Meza renunció por “motivos personales”. Sin embargo, según fuentes del medio de comunicación Perú21, la ahora exmiembro de la Fiscaía no habría sido del gusto de la actual titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, al nombrar a dos fiscales adjuntos supremos titulares, los cuales debían ser ubicados en plazas.
Asimismo, precisaron que Galinka Meza era una de las fiscales quienes tenían un bajo rendimiento en la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, área que actualmente lidera el abogado y fiscal supremo Alcides Chinchay.
Resolución fue firmada por Zoraida Ávalos
La carta de dimisión fue presentada el 19 de marzo. Vale precisar que este documento, el cual acepta su salida de la Fiscalía, fue firmada por Zoraida Ávalos, titular del Ministerio Público encargada debido a que Espinoza Valenzuela se encuentra de vacaciones hasta el 6 de abril.
Por consiguiente, la exfiscal de la Nación firmó la resolución la cual dio por concluidas las funciones de Meza en el Ministerio Público y por ende ya no podrá participar en el juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo y otros investigados, quienes son acusados de cometer determinados delitos en diciembre de 2022.
Vale precisar que Meza Salas pidió al colegio encargado de recoger los alegatos del Ministerio Público y de las defensas legales de los acusados una pena de aproximadamente 34 año de cárcel efectiva contra Pedro Castillo por su intento de disolver el Parlamento Nacional y de reorganizar el sistema de justicia el 7 de diciembre del mencionado año.
Esta medida también recae contra la expresidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez, el exministro del Interior, Willy Huerta y el entonces asesor presidencial Aníbal Torres, quienes han sido los personajes acusados por la Fiscalía de intentar perpetuar un golpe de Estado.
Además, testimonios han confirmado ante el Poder Judicial que el profesor de profesión también ordenó no solo el cierre del Legislativo, sino que también mandó a que se detenga a la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
