La decisión fue tomada por el magistrado supremo César San Martín, quien confirmó la medida impuesta en primera instancia por el intento de golpe de Estado ocurrido el 7 de diciembre de 2022. La resolución señala que persiste el riesgo de que Castillo intente evadir la acción de la justicia.
En el fallo judicial se indica que el recurso de apelación interpuesto por Castillo, registrado en el expediente de fojas ochocientos noventa y seis, no presentó argumentos suficientes para modificar la decisión inicial. La Corte Suprema concluyó que el exmandatario debe continuar en prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones en su contra. El Poder Judicial considera que su permanencia en un centro penitenciario es necesaria para garantizar su sujeción al proceso legal en curso.
La defensa de Castillo ha manifestado su desacuerdo con la decisión y anunció que evaluará nuevas acciones legales para buscar su liberación bajo condiciones menos restrictivas. Sin embargo, la Fiscalía ha sostenido que el riesgo de fuga sigue siendo alto, lo que justifica la continuidad de la prisión preventiva. Con esta resolución, el exjefe de Estado permanecerá bajo custodia mientras avanza el proceso judicial en su contra por los delitos imputados.