El Poder Judicial de Perú revocó la medida de prisión preventiva de 36 meses que había sido dictada contra Jorge Simoes Barata, exdirectivo de Odebrecht en el país, y ordenó su reemplazo por comparecencia con restricciones.

La decisión fue tomada por la Corte Superior Nacional, tras declarar fundado el recurso de apelación presentado por la defensa del empresario brasileño.La prisión preventiva había sido dictada en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en el proyecto Gasoducto Sur Peruano, uno de los casos emblemáticos vinculados al escándalo de corrupción de Odebrecht en América Latina. Sin embargo, la defensa de Barata apeló la medida, argumentando que no se justificaba su detención prolongada.

La Corte tomó en cuenta que el acuerdo de colaboración eficaz entre Barata y el Equipo Especial Lava Jato había sido revocado, lo que llevó a una revisión de las medidas impuestas al exdirectivo. En lugar de la prisión preventiva, Barata deberá cumplir con una serie de restricciones que incluyen la prohibición de salir del país sin autorización judicial, el deber de presentarse periódicamente ante las autoridades y la imposibilidad de comunicarse con otros investigados en el caso.

Esta decisión marca un nuevo capítulo en el proceso judicial que sigue el caso Lava Jato en Perú, uno de los más importantes por su impacto político y económico en la región. El caso Gasoducto Sur Peruano continúa siendo investigado por presuntos sobornos y colusión durante la gestión de las obras.

Jorge Barata, quien fuera el principal representante de Odebrecht en el país, ha sido un colaborador clave en las investigaciones, revelando información sobre el pago de sobornos a funcionarios peruanos. No obstante, la revocación de su acuerdo de colaboración eficaz ha generado controversia y podría afectar el desarrollo de futuros procesos judiciales relacionados con el caso.