La congresista Ruth Luque, del Bloque Democrático, presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, el primer ministro Gustavo Adrianzén y el ministro del Interior Juan José Santiváñez, por presuntas irregularidades en la observación a la ley que buscaba restituir la detención preliminar en casos de no flagrancia. Según la denuncia, la demora en la restitución de esta medida habría favorecido a personas cercanas al Gobierno.
El documento sostiene que la observación del Ejecutivo coincidió con el pedido de detención preliminar contra Fredy Hinojosa, investigado por el caso Qaliwarma, y con la situación de Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria. Se señala que el Gobierno esperó hasta el último momento para presentar sus observaciones a la autógrafa del Congreso, generando sospechas sobre un posible intento de beneficiar a personajes vinculados a la presidenta.
Inicialmente, la eliminación de la detención preliminar fue aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo sin objeciones. No obstante, debido a la presión pública y mediática, el Parlamento impulsó una nueva iniciativa para su restitución, encontrando resistencia por parte del Gobierno. La denuncia constitucional busca determinar si hubo una actuación irregular y si las decisiones del Ejecutivo se alinearon con intereses particulares.