Antes de la infeliz decisión de unificar a las tres fuerzas policiales que existían, bajo el pomposo (pero hueco e improductivo) nombre de Policía Nacional del Perú, existía la Guardia Civil, que tenía como principal función la de prevención del delito, el patrullaje de las calles y la atención de la ciudadanía; la Policía de Investigaciones, que tenía como principal función la de investigación de los delitos, con métodos científicos y personal especializado; y, la Guardia Republicana a la que le correspondía la función de control de nuestras fronteras, locales públicos y servicios básicos como las estaciones eléctricas, agua potable y ferroviarias.
Era conocida la rivalidad que existía entre los integrantes de las tres instituciones; pero que, redundaban en una mejor atención ciudadana tanto por el esmero en la prestación de sus servicios, como en el control y denuncias que se presentaban sobre las inconductas funcionales y dolosas de sus, llamados, rivales.
Luego de varias décadas de esa fallida decisión, lamentablemente, tenemos que concluir que los grandes perjudicados hemos sido los ciudadanos; y, el país en general.
Ya no existe un real patrullaje, se rompió el vínculo de respeto que había entre el Guardia Civil y el vecino; los Investigadores y Detectives cada día fueron dejando de serlo tanto por la falta de recursos; como porque ante la perdida del liderazgo (que resultaba favorablemente contagioso), disminución de incentivos de profesionalización y reconocimiento de méritos, entre otras causas, originaron que la mimetización con la delincuencia que utilizaban en antaño para penetrar y combatir al delito, prácticamente, han convertido a muchos de ellos, en parte de quienes debían combatir. La Guardia Republicana cedió el control y seguridad que prestaban a empresas de seguridad privada que muchas veces accedían a jugosos contratos mediante dolosas acciones “comerciales”; y, como es público y notorio, nuestras fronteras se convirtieron en “coladeras” donde entran y salen, propios y extraños a cambio de pago de “peajes delictivos”.
Ya no es novedad enterarnos de que miembros policiales, hasta de las más altas jerarquías, hacen noticia negra, sea por negociados con combustible, pagos por ascensos, alquiler de armamento oficial, proporcionar información; y, hasta dirigir y participar en bandas delictivas.
Ante el avance incontrolado de la criminalidad los ciudadanos reclamamos desde hace tiempo un cambio radical en la Policía Nacional; mientras que los políticos de turno (cuando no, sordos y ciegos, pero no mancos, ante el clamor ciudadano) acuerdan una, enésima, reorganización policial; que, a diferencia de las anteriores no pasará por el descabezamiento de lo poco bueno que pueda existir, sino en su equipamiento; que, como ya presumimos, solo serviría para el enriquecimiento de quienes manejen ese proceso.
Ante todo ello, debemos exigir la refundación de la Policía Nacional, que abarque desde la selección de sus integrantes, cambio de programas, potenciar la inteligencia y contrainteligencia para detectar signos de riqueza (fácilmente comprobables con la contratación de sus ingresos con sus gastos e inversiones), sanciones de degradación sumaria y publica de quienes crucen la línea; y, no simples cambios de colocación como ahora suceder, entre otras acciones que resultan imprescindibles para acabar con las lacras que se han entronizado en, lo que debía ser, importante institución nacional.
De lo contrario, todo será peor, resultando cada día más perjudicados los ciudadanos que, con nuestro trabajo e impuestos, mantenemos a la institución policial; y, a quienes la integran.
Escribe: Marco Silva
