El Colegio de Abogados de Lima emitió un nuevo comunicado en el que anunció el inicio de un proceso disciplinario contra los integrantes de la Junta Nacional de Justicia por «falta muy grave» debido a las investigaciones que se han apertura hacia la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi y otros jueces supremos.

En ese sentido, el CAL a través del Consejo de Ética, consideró que no existen las pruebas para iniciar un proceso disciplinario contra la titular del Poder Judicial. Para la mencionada institución, este hecho configuraría una «grave afectación a la independencia judicial».

Aclararon que el proceso disciplinario contra Tello y otros 4 magistrados supremos responde a una supuesta comisión de error al resolver la Casación N° 40525-2023-Lima, en calidad de integrantes de la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema. Los miembros de la Junta alegan que se había aplicado una ley que se encuentra derogada y que la resolución carecería de motivación.

No obstante, para los miembros del Colegio de Abogados de Lima, los mencionados hechos atentarían contra la independencia judicial, la separación de poderes, con lo cual provocaría un debilitamiento del Estado de derecho y de la Justicia

«Con los hechos antes expuestos, se estaría atentando contra la independencia judicial, la separación de poderes, debilitando el Estado de Derecho y la justicia. La denuncia contra la Dra. Tello Gilardi y los magistrados supremos Dr. Carlos Calderón, Dr. Omar Toledo, Dr. Ricardo Corrales y Dra. Liliana Dávila constituiría un claro abuso de poder por parte de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ)», se lee en la primera parte del comunicado emitido por el Consejo de Ética del CAL.

CAL muestra preocupación por declaraciones del presidente de la Junta Nacional de Justicia

Asimismo, el CAL mostró su preocupación por las expresiones emitidas por el titular de la Junta Nacional de Justicia, Gino Rios. El funcionario manifestó su intención de evaluar resoluciones judiciales y que los jueces se encontrarían sujetos a control por sus actuaciones jurisdiccionales.

«Esta declaración genera profunda preocupación, pues atenta contra la independencia judicial, dado que las decisiones jurisdiccionales son irrevisables, conforme lo establece el artículo 139, inciso 13, de la Constitución. La supervisión disciplinaria de la JNJ debe respetar los límites constitucionales, ya que los jueces no pueden ser sancionados por el contenido de sus decisiones, salvo en casos de inconducta funcional, como corrupción, parcialidad manifiesta o falta de motivación en sus resoluciones, entre otros», enfatizan.

Respecto a la casación que ha sido cuestionada por el coronel en retiro Ramón Cadenillas Diaz, el Colegio de Abogados de Lima señaló que dicho recurso viene siendo impugnado mediante una acción de amparo y que es tramitado en el expediente N° 03951-2024-0-1801-SP-DC-02 en la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima.

«En este proceso, se ha emitido un pronunciamiento en primera instancia declarando su improcedencia, el cual ha sido apelado, por lo que se encuentra en trámite. En virtud del principio de última ratio, no puede iniciarse un proceso disciplinario hasta que el proceso de amparo haya concluido definitivamente, a fin de evitar resoluciones contradictorias. Además, nadie puede avocarse a procesos en trámite, conforme lo dispone el inciso 2 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado», sostienen.

Finalmente, el Colegio de Abogados de lima exhortó a las autoridades, en especial a los abogados quienes ejercen dicha función en instituciones públicas o privadas a actuar con responsabilidad y respecto por los principios fundamentales del Estado de derecho y garantizando la independencia del Poder Judicial.

«Exhortamos a todas las autoridades, sean abogados en el ejercicio de la función pública o privada, a actuar con responsabilidad y respeto por los principios fundamentales del Estado de Derecho, garantizando la independencia del Poder Judicial y evitando acciones que socaven la institucionalidad democrática del país. Asimismo, deben cumplir con altos estándares éticos; de lo contrario, serán sometidos a proceso disciplinario ante este Consejo de Ética», comentaron.